Gregorio Peces-Barba Martínez es rector de la Universidad Carlos III de Madrid y Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

EL PAÍS - Opinión - 08-06-2005

Por primera vez en mi vida, a los sesenta y siete años, he oído en una manifestación contra la posición del Gobierno en la lucha antiterrorista gritos de "Peces-Barba dimisión". No eran unánimes pero sí se hacían oír y se repitieron por sectores de los asistentes a lo largo de la marcha.

Desde la cuna aprendí de mis padres los valores de la democracia, del respeto a la voluntad popular y también aprendí que las personas somos seres dignos, que no tenemos precio, que somos seres de fines y que no podemos ser utilizados como medios.

A lo largo de mi vida he ido enriqueciendo, racionalizando y completando esas ideas. He tenido buenos maestros como Joaquín Ruiz-Giménez, que influyó mucho en mi condición como profesor y como persona, igual que Elías Díaz, Felipe González Vicén, Norberto Bobbio, Renato Treves, o Hart.

De todos ellos he aprendido respeto a los demás, tolerancia y amistad cívica como motor de la vida pública. Estas ideas han informado siempre mis enseñanzas en Filosofía del Derecho como pueden testimoniar los miles de alumnos que he tenido desde 1963 en que inicié mi trabajo universitario. Son ya 42 años de docencia y también de investigación y de publicaciones. En mis libros y en mis artículos, los valores de libertad, igualdad y solidaridad, los derechos fundamentales y los principios democráticos han inspirado siempre mis escritos, más de 30 libros y de 70 artículos científicos con esos contenidos difundidos en América y en Europa y traducidos al inglés, al italiano, al francés y al portugués.

En la vida política me comprometí en la lucha contra el franquismo, en la construcción de la democracia, con la Constitución, con la reforma de nuestro ordenamiento, con la presidencia del Congreso de los Diputados, entre otras experiencias en todo momento conformes y coherentes con los valores liberales, democráticos y socialistas. Siempre me he considerado y me considero un militante del PSOE, aunque siempre con el espíritu crítico y la distancia intelectual frente a la militancia ciega. Mi libro La Democracia en España es un signo y un ejemplo de ese talante que nunca he abandonado. He sido muy consciente de que ese sentido crítico ha sido utilizado torticeramente por los enemigos del socialismo y a veces sacado de su contexto y generalizado injustamente.

Pero la indignidad moral no puede ser excusa para no decir lo que se piensa.

En mi actividad política nunca he faltado al respeto a los adversarios; al contrario: he mantenido siempre una relación cordial y me he esforzado en reconocer sus aciertos y en estudiar sus críticas.

El clima de comunicación con todos ha sido también uno de mis objetivos principales. Durante mi etapa política activa hasta 1986, todos los adversarios políticos de AP, UCD, de los comunistas o nacionalistas han sido siempre amigos o personas con las que he desarrollado una acción constructiva y eficaz. Desde 1989 he dedicado todo mi tiempo a crear una Universidad, la Carlos III de Madrid que, al cabo de los años, con el esfuerzo de todos (profesores, PAS y estudiantes) hemos convertido en una Universidad de prestigio y de calidad. Es el orgullo de mi vida.

En contraste con esta experiencia y con esas realizaciones, desde que el Presidente del Gobierno me nombró Alto Comisionado he sentido la hostilidad del Partido Popular y del Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Nada más empezar pidieron mi dimisión pese a los esfuerzos de aproximación que hice como, por ejemplo, con el nombramiento de la Directora de la Oficina de Apoyo al Alto Comisionado, Dña. Dolores de la Fuente o con mi entrevista, larga, en un hotel cercano a su sede, con Mariano Rajoy. No han tenido ningún interés en el contenido real del trabajo del Alto Comisionado y han repetido los mismos tópicos en las dos intervenciones de sus portavoces en el Congreso y en el Senado, durante mis dos comparecencias: que he venido a dividir a las víctimas, que no las represento, que estamos ante una figura innecesaria y que su actual titular no es el idóneo para el cargo; incluso algún senador del PP me ha calificado como defensor de los terroristas, infamia que otros han repetido en artículos de periódicos y en viñetas presuntamente de humor.

En contraste con esta imagen, el trabajo que hemos realizado en el Alto Comisionado en estos seis meses ha sido denso y eficaz. Hemos constatado, desde el primer día, la existencia de muchos problemas de desconfianza y de recelos entre las víctimas, de muchas fallas, de indefensiones y de lagunas en el funcionamiento del sistema pese al enorme esfuerzo de los gobiernos democráticos para atender a estas víctimas y a sus familiares. De ese estudio han salido soluciones puntuales a problemas de tratamiento psicológico, de trato igual en medallas y condecoraciones, cuidados y apoyos a víctimas estudiantes y a sus hijos, de rehabilitación de personas con discapacidad con un programa de un millón y medio de euros con MAPFRE que hemos acordado, de ascensos honoríficos a víctimas, de consideración de justicia gratuita para ellas, de créditos blandos en bancos y cajas, de facilidades de acceso a la vivienda y de rehabilitación de las mismas. Además, tenemos pendientes programas de ayudas para el empleo o de reserva de plazas en la Función Pública, entre otras muchas medidas. Asimismo cada día recibimos directamente a víctimas con problemas de distinta índole, o a quienes vienen recomendados por asociaciones o fundaciones de víctimas. El conocimiento directo de estas experiencias nos permite formular propuestas normativas generales, como las que acabo de mencionar.

El empeño principal del Alto Comisionado ha sido avanzar en la igualdad entre las víctimas, pese a las diferencias, e incluso, a las discriminaciones existentes. Las víctimas de ETA o del GRAPO son muy distintas entre sí: las hay famosas y anónimas, civiles, militares y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, periodistas, políticos, empresarios, concejales, obreros, niños o personas que pasaban por allí; las víctimas del 11 de Marzo son igualmente resultado de la irracionalidad porque han muerto por tomar un tren a las siete y media de la mañana un día aciago y siniestro. Por esta razón peleo para que monumentos y conmemoraciones sean unitarios y para que todas las medidas que se tomen puedan favorecer a todas las víctimas. Asimismo he propiciado y defendido la apertura del plazo para solicitar los beneficios de la Ley de Solidaridad para todos los sectores que se habían quedado fuera. Igualmente estamos a punto de implantar un espacio virtual de comunicación informática entre víctimas para que puedan relacionarse fácilmente entre sí.

Por fin, el tema central del trabajo del Alto Comisionado es la revisión de la Ley de Solidaridad de 1999, para evitar alguna discriminación, para actualizar algunas cifras y para repasar algunos criterios de manera que tenga un carácter más integral y comprensivo. El tema ha sido discutido con la Vicepresidenta del Gobierno y lo planteamos en la reunión que mantuvimos con las Asociaciones de Víctimas, de la Guardia Civil y Sindicatos Policiales, los días 26 y 27 de mayo en Colmenarejo. El asunto está en marcha y esperamos que en las próximas semanas nos lleguen sugerencias para impulsar esta reforma. Por cierto que la reunión de esos días congregó a todas las asociaciones, fue unitaria y al final todos apoyaron el trabajo concreto que estamos haciendo. A esto lo llamo yo luchar por la unión de las víctimas.

En el entorno de la manifestación, comentarios desde los medios de comunicación afines al PP y propiedad de la Conferencia Episcopal Española han multiplicado su hostilidad, su desprecio, sus insultos y sus maledicencias. Es evidente que todo lo realizado les importa poco. Han construido en este tema, con el apoyo de víctimas y familiares, muchos de ellos de buena voluntad, una operación de acoso y derribo contra el Alto Comisionado. Según ellos, debe ser un Secretario de Estado que no represente al Gobierno sino a las víctimas, cuando de lo que se trata es de apoyar a las víctimas desde el Gobierno.

En este rosario de sofismas y de falacias que se encadenan en sucesivos momentos la convocatoria del Presidente del Gobierno a las asociaciones de víctimas la interpretan como una desautorización al Alto Comisionado y como una primera etapa para su destitución. Una vez más, su pasión y sus prejuicios les ciegan. El Presidente tiene siempre sobre la mesa mi dimisión y sabe que puede utilizarla en cualquier momento si piensa que soy más un problema que una solución.

http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20050608elpepiopi_6&type=Tes&anchor=elpporopi&d_date=&t=Seis_meses_Alto_Comisionado_
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