Diana Scialpi es socióloga y pionera en la investigación del fenómeno de la violencia laboral institucional en el empleo público. Más todavía: la audaz hipótesis de la especialista, es que la violencia en la administración pública es la condición necesaria para instalar la corrupción en el Estado.

Por Laura Di Marco

La violencia en la administración pública es especial, y más siniestra.

Entre 1997 y 2001, y frente a la convocatoria de la OMS, estudiar la violencia en diferentes contextos, emprendió un trabajo de investigación independiente, que volcó en un libro “Violencias en la Administración Pública. Casos y Miradas para pensar la Administración Pública como ámbito laboral”. Scialpi asesora a defensores del Pueblo y a legisladores nacionales y provinciales. También dicta cursos sobre prevención, detección, control y reparación de la violencia institucional en el empleo público y es consultora de proyectos de investigación sobre violencia institucional y laboral.

-A propósito de “El acoso moral en el trabajo”, el libro de Marie France Hyrigoyen, se empezó a hablar más de esa cuestión. Usted, en la Argentina, hizo una investigación en el ámbito de la administración pública, ¿nos cuenta un poco de qué se trata?
-En los noventa empecé una investigación exploratoria de violencias perpetradas en la Administración Publica. Elegí ese ámbito porque allí se da un tipo de violencia laboral especial, y más siniestra.

-¿Por qué más siniestra?
-Porque se trata de una violencia perpetrada por quienes tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a otros dentro de una institución, sea ésta familiar o el propio Estado. Desde ese enfoque, me propuse describir la calidad que tiene la violencia cuando es generada por el que “debe proteger”. La transformación del protector en violento. Es más devastadora porque ocurre en un ámbito laboral y falseada por un discurso que niega lo que está pasando.

-¿Nos ayuda con un ejemplo?
-En esa época se dijo que se emprendía una “modernización del Estado” y asistimos al desguace más absoluto de las instituciones públicas. Un Estado que selecciona a los servidores públicos “a dedo”, sin tener en cuenta la idoneidad y los antecedentes de los candidatos para ejercer un determinado cargo público, no puede ser eficaz. Resulta una organización injusta y por lo tanto, violenta. Los efectos de esa violencia laboral institucional, que llamo violencia político-burocrática”, son doblemente devastadores. Además de afectar a la salud física y mental de los empleados públicos, es una condición previa y necesaria para emplazar la corrupción en el Estado.

-O sea que las políticas de transparencia –una administración más honesta, digamos- ¿tienen un correlato con las condiciones de trabajo en la administración?
-¡Por supuesto!... Tanto que dediqué varias publicaciones a establecer la correlación entre violencia laboral en los organismos públicos y la corrupción en el Estado.

-Hablando específicamente de la ciudad, ¿cómo se revela la violencia laboral?
-A esta altura, tenemos que aclarar que, en materia de violencia laboral, sea en el sector público o privado, no contamos aún con una ley nacional, ni tenemos claras políticas públicas. Por lo tanto, la Argentina no produce información cuantitativa ni cualitativa confiable en la materia.

-Pero la ciudad, junto con otras provincias, sí tiene una ley sobre violencia laboral, ¿no mejora eso la situación?
-Sí, es cierto, la ciudad sancionó la ley sobre violencia laboral en enero de 2004, pero a mi juicio requiere mejoras. Reconoce sólo la violencia laboral vertical (de superior a subordinado, aunque también hay entre pares), y no contempla atención a los afectados. La ley de Santa Fé es mejor.

-¿Cuál es exactamente la diferencia entre acoso moral y violencia laboral?
-El “acoso moral” es una de las treinta modalidades de violencia laboral reconocidas por la OIT en su informe mundial “Violence at Work” (que no se publica en español). Otra diferencia -y aquí cito a Marie France Hirigoyen, quen acuñó el concepto-, es que la dificultad para defenderse del acoso moral reside en un hecho del que casi nunca se dispone de pruebas. Esto significa que estamos ante una violencia interpersonal, que en la mayoría de los casos ocurre sin testigos y desestabiliza a la víctima, quien no puede demostrar lo que está padeciendo.

-Defíname el término “acosar”.
-Es someter sin reposo a pequeños ataques repetidos. El acoso humilla y es repetido.

-¿Hay países donde el acoso psicológico laboral está tipificado como un delito?
-Sí, en Suecia. Además, obviamente, tienen estadísticas sobre el tema, lo que permite elaborar políticas públicas serias.

-¿Qué se puede hacer desde el poder político?
-El poder político puede –y debería- honrar la ley, intención que debería traducirse en una perseverante campaña pública para que todas las leyes sean cumplidas y su incumplimiento sea implacablemente sancionado. Los argentinos incumplimos masivamente las leyes y lo hacemos con impunidad. Por añadidura, el Estado, responsable de cumplirlas y hacerlas cumplir es el que viola sistemáticamente las leyes de empleo público, las leyes de Ética en la Función Pública, las leyes de Riesgo en el Trabajo. Nuestra principal tragedia, creo yo, es que no consideramos violencia al hecho de violar la ley.

-Al margen de las falencias, hablemos de lo que tenemos hoy: ¿qué puede hacer, en concreto, un empleado de la administración pública que se considere víctima de violencia en su lugar de trabajo?
-La ONG Instituciones Sin Violencia (N.de la R: Scialpi la presidió entre 2004 y 2006), impulsó la creación de la primera oficina de Denuncias de Violencia Laboral. Funciona en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que dirige Manuel Garrido.
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