NUEVOS DESAFÍOS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
TERCER CONGRESO VIRTUAL DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGÍA.
PONENTE: ALAN F. CARRASCO DÁVILA
TEMATICA: DERECHOS HUMANOS.
En las democracias incompletas de Latinoamérica el
movimiento de derechos humanos enfrenta unos desafíos básicos
de redefinición.
Para caminar en la cuerda floja hay que mantener el equilibrio mientras se
avanza resueltamente por un alambre, con el peligro constante de caer en el
abismo. Ésta es precisamente la naturaleza del desafío que el
movimiento latinoamericano de derechos humanos confronta en la actualidad:
¿cómo equilibrar la labor de promover y defender los derechos
humanos ante tantas demandas, tensiones y contradicciones?
A casi un cuarto de siglo desde su fundación, la comunidad latinoamericana
de derechos humanos enfrenta hoy desafíos fundamentales de redefinición,
tanto en lo que se refiere a la naturaleza de su misión como a las
estrategias que adopta para lograr las metas y objetivos definidos. Enfrenta
tensiones en múltiples frentes que no pueden resolverse con facilidad.
Por ejemplo, el movimiento de derechos humanos debe centrarse simultáneamente
en temas relacionados con el pasado como también en problemas ligados
a violaciones actuales de los derechos. Para crear un balance, se debe trabajar
en distintos niveles (local, nacional e internacional) así como también
intervenir en los ámbitos públicos y privados al mismo tiempo,
y determinar cómo lidiar con derechos que son aparentemente contradictorios.
A menudo, las presiones y exigencias de la realidad chocan con las propias
limitaciones del movimiento para actuar. Esta ponencia es una reflexión
sobre algunos de estos desafíos, tensiones y equilibrios.
Martín Abregú, director del Centro de Estudios Legales y Sociales
de la Argentina (CELS), una de las organizaciones pioneras en derechos humanos
de la región, resumió con certeza la tensión entre temas
actuales y pasados de derechos humanos en un seminario sobre el nuevo programa
de derechos humanos para América Latina. "¿Cómo
podemos seguir haciendo lo mismo," preguntó, "sin seguir
haciendo lo mismo?"
Evidentemente mucho ha cambiado desde que el movimiento de derechos humanos
se convirtió en un actor decisivo en la política latinoamericana.
La mayoría de los países de la región estaban gobernados
por dictaduras militares, y las violaciones sistemáticas de derechos
humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención
arbitraria) eran la norma. En la actualidad, aunque las instituciones democráticas
son frágiles y a menudo ineficaces, gobiernos elegidos rigen en la
región (con la excepción de Cuba y anteriormente en el Perú
y México, donde existe el continuo y complejo problema de un proceso
electoral obviamente fraudulento). Y si bien es cierto que las violaciones
a los derechos humanos continúan en toda la región y que, en
algunos países, como Colombia y México, están aumentando,
en la mayoría de los países esto no es el resultado de una política
sistemática estatal como lo fue en el pasado.
Lo que es más, todos los países centro y sudamericanos han firmado
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los documentos internacionales de derechos
humanos más importantes que tratan sobre los derechos políticos
y civiles. "Aunque sería una exageración afirmar que la
Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han forzado a los gobiernos del hemisferio a dar fin a la violación
sistemática de los derechos humanos," señala George Vickers,
director de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), "estas
instituciones multilaterales y regionales han jugado un papel importante en
atraer la atención y crítica internacional hacia la denuncia
de dichas violaciones."
Sin embargo, a pesar de estos hechos positivos y de algunos logros importantes,
las violaciones de los derechos a la vida y a libertades básicas persisten,
y los responsables de dichos abusos gozan de casi total impunidad. El acceso
a la justicia sigue siendo desigual por razones económicas y políticas,
y la discriminación cultural y social es extensa. América Latina
es la región más desigual del mundo, lo que significa que la
mayoría de la población carece de las oportunidades básicas
para llevar una vida digna.
Al mismo tiempo, mientras muchos de los problemas que el movimiento latinoamericano
de derechos humanos enfrentó en los 60 y 70 han sido resueltos y se
han cerrado muchos capítulos, en muchos casos la manera en la cual
fueron resueltos no contribuyó a sanar las heridas del pasado o ha
establecer las bases para una reconciliación nacional. En efecto, la
búsqueda de formas de lidiar con los legados de la dictadura y la guerra
interna, es una tarea aún pendiente en gran parte de la región,
una tarea que no sólo la justicia y la ética reclaman, sino
también la necesidad de asegurar que tales crímenes no se repitan.
El tema de la impunidad es el ejemplo más apremiante.
Las dictaduras llegaron a un fin, pero gran parte del legado de los gobiernos
represivos permanece aún, y las consecuencias de esto a menudo pueden
brotar de manera inesperada. En Argentina, por ejemplo, diez años después
de la aprobación de una serie de leyes que otorgaron impunidad a violadores
de derechos humanos, surgió una nueva ola de indignación y activismo
judicial en relación al destino aún desconocido de los hijos
de las víctimas de la represión de los años 70. En Chile,
impulsados en parte por el arresto en Londres del General Augusto Pinochet,
los derechos humanos y la impunidad se han convertido una vez más en
temas principales. La cuestión de la impunidad también llegó
a primera plana en el Perú, y se convirtió en un elemento clave
en la denuncia del carácter fundamentalmente antidemocrático
del gobierno de Fujimori. Y en Guatemala, el riesgo de no castigar a los responsables
de los crímenes del pasado quedó demostrado con el asesinato
de Monseñor Juan Gerardi, 48 horas después de que hiciera público
un informe crítico sobre derechos humanos, y con la amplia ola de criminalidad.
Dada la historia del movimiento latinoamericano de derechos humanos, es tal
vez normal que se dedique a temas relacionados con las violaciones de derechos
humanos del pasado. Pero es imposible tratar problemas del pasado sin tomar
en cuenta los del presente. El reto no es dejar esos problemas atrás
y "olvidarlos", sino el ligarlos a las preocupaciones de hoy. Esto
es precisamente lo que muchos grupos de derechos humanos están intentando
hacer mediante campañas de educación pública que hacen
la conexión entre la impunidad que rodea a las pasadas violaciones
de derechos humanos y el clima generalizado de impunidad que esto tiende a
crear, donde la corrupción y otros crímenes pueden florecer.
En Perú, por ejemplo, los grupos de derechos humanos alegaban que era
imposible ocuparse adecuadamente de la evasión fiscal o inducir a los
conductores a respetar las reglas básicas de tránsito, ya que
la gente percibía que el anterior gobierno no respeta la Constitución,
y que cuando violaba la ley, nada ocurría.
Otro tema clave que el movimiento latinoamericano de derechos
humanos enfrenta es la cuestión de los derechos sociales, económicos
y culturales y cómo vincular la lucha por estos derechos con los derechos
civiles y políticos. No hace falta subrayar la importancia de los derechos
sociales, económicos y culturales y la prioridad que debemos poner
en ellos. El punto que quisiera resaltar aquí tiene que ver con las
contradicciones que surgen en las luchas diarias para implementar esos derechos
en países pobres con desigualdades extremas y tradiciones democráticas
débiles, como es el caso en América Latina.
Dos líneas opuestas de razonamiento que conducen a prácticas
políticas similares ofrecen fuertes razones para analizar este tema
desde una perspectiva de derechos humanos. Una perspectiva que apoyan políticos
conservadores, empresarios, tecnócratas internacionales y algunos sectores
de las fuerzas armadas plantea que no es posible realizar avances en los derechos
económicos, sociales y culturales dadas las restricciones de la democracia
moderna. Según este razonamiento, políticos irresponsables que
sólo tienen la mira hacia la próxima campaña electoral
socavan programas económicos sensatos, que muchas veces toman años
en producir resultados, con medidas populistas diseñadas para mantenerse
en el poder. Hay que sacrificar los derechos sociales y económicos
ahora para que eventualmente, con la aplicación "correcta"
de medidas económicas neo-liberales, todos saquen provecho. Después
de todo, ¿cómo es que los inversionistas nacionales o extranjeros
han de confiar en tener su dinero en países llenos de sindicatos poderosos
listos para llamar a huelga? Debates interminables en el Congreso, normas
constitucionales y hasta decisiones judiciales imponen límites reales
a implementación de medidas económicas que se necesitan con
urgencia. Resultados económicos consistentes, lo único que asegurará
los derechos sociales, económicos y culturales de la población,
serán difíciles de obtener si se cambia de Presidente y política
cada cuatro o cinco años.
En resumen, este punto de vista ve a la democracia y a los
derechos civiles como el privilegio de países ricos, mientras que en
países pobres como los de América Latina, esos derechos deben
ser postergados hasta que se alcance un nivel básico de desarrollo.
Otra línea de razonamiento, expresada a menudo por activistas de derechos
humanos, líderes de movimientos de base, políticos de izquierda
y sectores reformistas dentro de las fuerzas armadas, plantea que la democracia
y los derechos civiles y políticos tienen poca importancia cuando la
mayoría de la población vive en la pobreza extrema. El estado
de derecho y las instituciones democráticas significan poco para una
población que vive al borde de la inanición. ¿Por qué
debemos desperdiciar nuestras energías luchando por la democracia,
si no puede poner fin a la injusticia social? Las elecciones, parlamentos
y otros aspectos formales de la democracia tienen poca importancia si los
políticos no hacen nada por los problemas reales de la gente. Los partidarios
de este punto de vista creen que es una hipocresía que los países
desarrollados elogien las democracias latinoamericanas mientras imponen políticas
económicas que aumentan el sufrimiento y exclusión de millones
de personas. En resumen, tiene poco sentido preocuparse por la "democracia
formal" cuando deberíamos estar esforzándonos para lograr
la "democracia real", entendida como el acceso igualitario a derechos
económicos, sociales y culturales básicos para la mayoría
de la población.
La paradoja es que a pesar de las diferentes-o incluso opuestas-motivaciones,
ambas líneas de razonamiento pueden llevar a aceptar la idea de que
la democracia no es una preocupación que pueda o deba ser tratada en
el presente. En otras palabras, ambos argumentos pueden conducir a la conclusión
de que los países pobres deberían esperar y tratar la cuestión
de la democracia sólo cuando las condiciones económicas mejoren
o cuando las desigualdades disminuyan.
Estos tipos de temas están cada vez más en el
centro de los debates políticos en América Latina, y presentan
un dilema grave para la comunidad de derechos humanos. Primero está
la cuestión de cómo y si se pueden inventar, tanto en teoría
como en práctica, estrategias y programas creativos basados en el concepto
de la indivisibilidad de los derechos humanos. Relacionado a esto está
el desafío de convencer a la mayoría de las personas que el
mejor ambiente político para luchar por derechos económicos,
sociales y culturales es aquel donde los derechos civiles y políticos
se respetan y viceversa.
En la última década, la violencia y el crimen han surgido como
problemas aparentemente sin solución en América Latina. El Salvador,
por ejemplo, con un promedio aproximado de 120 homicidios por 100.000 habitantes,
tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. La cifra es aún
más alta en ciudades colombianas como Medellín, y en el país
en general, un promedio de 30.000 personas son asesinadas cada año.
El homicidio no es el único problema: ha habido un incremento dramático
en robos y asaltos, y pandillas juveniles, bandas de secuestradores y narcotraficantes
aterrorizan A muchas ciudades de la región. En Guatemala y Jamaica,
por ejemplo, el crimen ha llegado a tales niveles que es normalmente considerado
el principal problema social, incluso por encima de la pobreza o la desigualdad.
La situación es parecida en países tan diversos en niveles de
desarrollo socioeconómico como Brasil, Venezuela, México, Haití
y Nicaragua. Y aún en países con los niveles más bajos
de criminalidad en la región, como Bolivia y Chile, la percepción
general es una de peligro en aumento. El impacto de esta ola de criminalidad
sobre los derechos humanos es notable. La legislación anticrimen y
las políticas diseñadas para enfrentar el crimen muchas veces
no cumplen con las normas internacionales sobre el debido procedimiento legal
o la responsabilidad policial. Medidas de "mano dura" a menudo conducen
al abuso policial y la impunidad sigue siendo un problema serio. Ante lo que
se percibe como la ineficacia policial en algunos países, las fuerzas
armadas han sido puestas a cargo de la seguridad interna. La ineficiencia
policial ha llevado a una epidemia de "vigilantismo", donde la gente
común y corriente toma la "justicia" en sus propias manos
mediante linchamientos y el auge de escuadrones de la muerte de "limpieza
social". En este contexto, nuevas formas de discriminación son
cada vez más evidentes, sobre todo en términos de represión
policial y prácticas de sentencias discriminatorias según la
edad, raza y condición socioeconómica.
Pero mientras la naturaleza del problema es evidente, es extremadamente
complejo tratarlo desde una perspectiva de derechos humanos. En efecto, el
tema del crimen nos presenta con un aparente conflicto de derechos. Por un
lado, los derechos civiles y políticos aseguran que los ciudadanos
estarán protegidos de abusos del estado y garantizan al acusado igualdad
de acceso a un debido procedimiento legal y a un juicio justo. Por otro lado,
los ciudadanos tienen el derecho de vivir en un ambiente seguro que proteja
sus vidas y su propiedad de la agresión de otros. Para simplificar
el problema aún más, un número creciente de personas
en América Latina creen que la primera categoría de derechos
(civiles y políticos) deberían sacrificarse, si fuera necesario,
para garantizar los otros derechos. En otras palabras, los derechos de presuntos
criminales a ser tratados con justicia por el estado, incluyendo la libertad
contra la violencia física y el debido procedimiento legal, pueden
sacrificarse para asegurar el orden en favor de la mayoría.
Sería difícil, por ejemplo, pedir al padre de una niña
adolescente de un barrio de bajos ingresos que ha sido violada y asesinada
que reflexione sobre las causas sociales, económicas y culturales que
llevaron a los autores a cometer un acto tan brutal. Es comprensible que los
padres de otros adolescentes que oyeron sobre semejante hecho apoyen a líderes
y políticos que prometen medidas de "mano dura" y que afirman
que si se les diera la oportunidad, ellos podrían resolver tales problemas
de inmediato aun si tales propuestas son evidentemente inconsistentes y puedan
empeorar la situación. La tarea para los defensores de los derechos
humanos es convencer al padre, en este caso, que su apoyo a medidas de "mano
dura" podría estar causando, sin querer, las condiciones para
que su hijo (que por ser joven, hombre y pobre es considerado "sospechoso"
por definición) sea detenido arbitrariamente o, en casos extremos,
desaparecido.
Esto representa un terrible dilema para la comunidad de derechos humanos:
cómo seguir defendiendo los derechos humanos sin perder el respaldo
del "buen ciudadano" quien puede percibirnos como protectores de
criminales en vez de defensores de las víctimas. No hay respuestas
fáciles para esta pregunta, pero la continua lucha para sostener la
legitimidad de la comunidad de derechos humanos en la región girará
en torno a este difícil tema.
Estos nuevos y complejos retos que enfrenta la comunidad latinoamericana de
derechos humanos hoy en día podrían conducir casi lógicamente
a un deseo de asumir luchas nuevas y más diversas. Esta tendencia se
ve reforzada con el argumento por la universalidad: Dado que los derechos
humanos son universales e indivisibles, la comunidad de derechos humanos no
debería dividirlos y enfocarse en un solo aspecto, es decir, los derechos
civiles y políticos. Otro argumento que respalda la necesidad de ampliar
nuestra labor es que para la mayoría de la población, las violaciones
de los derechos civiles y políticos no son tan relevantes ni tan frecuentes
como los abusos de los derechos económicos, sociales y culturales.
Estas son razones impecables en teoría, pero en la práctica
surgen muchas interrogantes. ¿Hasta qué punto deberían
extender sus horizontes y el alcance de sus acciones los organizaciones de
derechos humanos existentes? ¿Qué es lo que estos grupos saben
hacer, y cuáles son los límites de su mandato, si los hay? ¿Cuán
lejos puede extenderse su alcance en otros campos, y hasta qué punto
arriesgan invadir el terreno de otras organizaciones?
Martín Abregú ha hablado de la necesidad de
"construir un movimiento de derechos humanos que trascienda a sus fundadores
y que mantenga esa legitimidad de origen". Hay por lo menos tres dificultades
para lograr esta meta, según Abregú. Primero, es necesario identificar
el lugar propio del trabajo en derechos humanos y qué es lo que lo
distingue de la labor de los sindicatos, partidos políticos, iglesias
y otras organizaciones de la sociedad civil. Segundo, es importante determinar
cómo mantener el carácter radical de la misión del movimiento
mientras intenta ser percibido como un interlocutor válido ante el
estado. Esto es importante porque, con el advenimiento de gobiernos elegidos
y las subsiguientes aperturas de (algunos) espacios políticos, los
grupos de derechos humanos tienen nuevas oportunidades para promover sus programas.
Finalmente, está la cuestión de la representatividad. Debemos
recordar que el movimiento representó originalmente a las víctimas
del terrorismo de estado. Pero hoy, dice Abregú, no es necesario que
el movimiento represente a nadie para promover y defender los derechos humanos,
porque ese es el derecho, y responsabilidad, de todos los ciudadanos.
El movimiento de derechos humanos en América Latina está en
medio de un proceso de redefinición respecto a todos estos temas. Este
esfuerzo por definir claramente el mandato en derechos humanos surge del consenso
de que estamos viviendo en un período de cambios dramáticos
donde se cuestionan todas las verdades. Pero el consenso termina allí;
de allí en adelante hay ideas muy distintas respecto a cómo
y hasta qué punto el mandato "histórico" de la comunidad
de derechos humanos debería ser ampliado o restringido. Dos principales
riesgos surgen de este dilema que pueden entenderse más fácilmente
si se simplifican las dos posibilidades extremas. Por un lado, hay una indiferencia
absoluta hacia cualquier tipo de cambio y la obstinación en siempre
hacer lo mismo, sin importar cuanto cambie la realidad. Por otro lado, está
el riesgo de pensar que podemos intervenir en todos los campos y en todos
los momentos porque los derechos humanos son indivisibles y universales. La
respuesta debe venir de una búsqueda inteligente del equilibrio entre
estos dos polos extremos.
En la búsqueda de este equilibrio, es necesario definir
claramente las metas del movimiento y procurar la legitimidad y la eficacia.
Vivimos en una etapa histórica muy especial que plantea desafíos
a la lucha por los derechos humanos. Vivimos en un "nuevo orden mundial"
donde los derechos humanos, como filosofía y como manera de ver el
mundo, han dejado de ser marginales y estigmatizados y han pasado a ser, como
dirían los estadounidenses, "políticamente correctos".
En algunas partes del mundo, los activistas de derechos humanos hablan hasta
del peligro de que los derechos humanos se vuelvan la "ideología
oficial". (¡En Perú y en América Latina en general,
añoramos tener ese tipo de dificultades!) Junto a este reconocimiento
general de la importancia de los derechos humanos existe un contexto donde
la lucha por los derechos humanos quizás no sea más riesgosa
o más difícil que antes, pero sí más compleja.
A medida que las amenazas y peligros se vuelven menos obvios y menos definidos,
es más difícil luchar contra ellos y construir la legitimidad
del movimiento de derechos humanos en base a las acciones llevadas a cabo
en el proceso.
De allí el vínculo entre la legitimidad y la eficacia. El movimiento
de derechos humanos debe ser efectivo, pero desde una perspectiva de derechos
humanos. Entendido así, la legitimidad y la eficacia sólo pueden
adquirirse manteniendo una crítica radical para con el poder, en combinación
con la capacidad de contribuir a soluciones concretas a problemas inmediatos
que la gente enfrenta a diario. Es decir, tenemos que buscar la forma de construir
un vínculo entre los temas de derechos humanos típicamente ubicados
en la esfera privada (como la violencia doméstica) con debates más
grandes sobre el poder y la responsabilidad en la esfera pública. En
este sentido, el movimiento de derechos humanos tiene que estar dispuesto
a desafiar los temores de la gente y la sabiduría convencional sin
perder su apoyo, y aprender a aprovechar sus percepciones intuitivas. Tenemos
que determinar cómo explicar al padre de la víctima de violación
que una perspectiva de derechos humanos (la defensa del debido procedimiento
legal, por ejemplo) es el mejor camino a seguir aún en tan dramática
y dolorosa situación. Al final de cuentas, si no se vincula legitimidad
y eficacia, la crítica radical del status quo del movimiento de derechos
humanos tendrá poco sentido para el ciudadano común.
El equilibrista debe ser muy bueno en su arte. Y aunque la posibilidad de
perder el equilibrio está siempre presente, la causa-la lucha por la
dignidad humana-es un poderoso estímulo para seguir caminando por la
cuerda floja.
BIBLIOGRAFIA.
1) Abregú Martín, Coloquio Internacional, "En Camino al
Siglo XXI: Desafíos y estrategias de la comunidad latinoamericana de
derechos humanos."
2) Abregú Martín, Coloquio Internacional, "50 Años
Después…¿Y ahora qué?" Organizado por Diakonia,
6-8 de noviembre de 1998.
3) Basombrio Carlos, "Crime: A Latin American Challenge for Human Rights,"
Human Rights Dialogue (Carnegie Council on Ethics and International Affairs),
Vol. 2, No. 1 (Winter 2000).
4) Instituto de Defensa Legal. Organización de Derechos humanos sin
fines de lucro. Lima, Perú.
5) Jara Ernesto de la, Coloquio Internacional, "En Camino al Siglo XXI:
Desafíos y estrategias de la comunidad latinoamericana de derechos
humanos," Organizado por la Oficina de Washington en Latino América
(WOLA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), Lima, 23-24 de junio de 1999.
6) Vickers George, Coloquio Internacional, "En Camino al Siglo XXI: Desafíos
y estrategias de la comunidad latinoamericana de derechos humanos."
Extraído de www.naya.org.ar
