por Agustín Velloso

Introducción.

Durante los días 20 y 21 de Octubre de 2006 se ha celebrado en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, de la Universidad Politécnica de Madrid, el Segundo Congreso sobre la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública Española, cuya página web es: http://www.2.uah.es/vivatacademia/congreso.htm

En esta página se encuentra toda la información sobre este congreso y el primero (celebrado hace cuatro años en la Universidad Complutense), por lo que no se va a presentar aquí. Acostumbrada la sociedad española a los continuos casos de corrupción política y urbanística, que señala a salas de reuniones de ayuntamientos y a oficinas de empresas constructoras, se tiende a pensar que la universidad es un espacio ajeno a esos embrollos y que en sus aulas y despachos los profesores únicamente enseñan y estudian.

La realidad es muy otra, tal y como se desprende de las ponencias de los participantes en los dos congresos, que a su vez son reflejo del creciente número de denuncias en la universidad y de demandas en los tribunales de justicia por parte de los afectados de acoso y corrupción. Esto no es nada nuevo, aunque sí el que sean cada vez más los que no están dispuestos a callarse y tragar con todo lo que les echan encima.

Hay casos de todo tipo, desde el profesor con poder que acosa a otro que no lo tiene, con el conocimiento y el silencio de otros profesores e incluso con su participación, pasando por las oposiciones y contratos de profesorado amañados en mayor o menor medida, hasta la falsificación de diplomas, la entrega a empresas de datos personales de alumnos, así como contratos, convenios y un largo etcétera que incluye variados desmanes y abusos.

La universidad no es ajena en modo alguno a la corrupción ni al acoso que se producen en otras instituciones. ¿Se podría decir que más bien sucede lo contrario, que abunda? Muy probablemente, pero no hay que olvidar que varios factores contribuyen a que pase desapercibida:

los acosadores y corruptos visten chaqueta y corbata, es decir, no tienen aspecto de chulos ni delincuentes;

llevan muchos años abusando sin ser molestados dentro ni fuera de la institución, con lo que conductas inmorales e ilegales han pasado a ser consideradas normales por los propios universitarios –que las aceptan como una parte más de su carrera profesional- y desconocidas por los demás ciudadanos;

los resultados de sus acciones los pagan los acosados que sufren -a veces lo indecible- y la sociedad entera que es la que corre con todos los gastos -que son en ocasiones elevados y se mantienen durante muchos años;

incluso en los contados casos en que acosadores y corruptos comparecen ante la justicia, es el Estado el que cubre los gastos originados, pues el sistema no les castiga y ni tan siquiera les exige responsabilidades. Con otras palabras, los juicios, si llegan, tardan años, las sentencias no se cumplen o se buscan fórmulas para evadirlas (vía discrecionalidad, autonomía universitaria, etc.), mientras que el daño hecho no tiene remedio y la situación se “reconduce” siempre a costa del contribuyente.

En no pocas ocasiones cuesta creer algunas actuaciones de catedráticos, decanos y rectores que son acosadores y corruptos, pero su soberbia y su confianza en que no tienen que responder ante la sociedad y mucho menos pagar por el mal hecho, dan lugar a relatos que provocan la carcajada en el observador, aunque ésta sea llanto para la víctima y perjuicio para el resto de la sociedad. A continuación sigue una ponencia presentada en el primer congreso, con el fin de ilustrar este punto:

Que nadie piense que voy a hablar mal del equipo rectoral de la Universidad a Distancia. A cambio voy a relatarles un hecho histórico. Cuando Sigmund Freud partía hacia el exilio en Londres hace más de 60 años, la GESTAPO (policía político-social de Hitler) le exigió que firmase antes de salir un documento que decía que no había sufrido maltrato alguno. Freud lo firmó y añadió de modo voluntario: “Recomiendo cordialmente la GESTAPO a cualquiera”. Antes de seguir recomiendo vivamente el equipo rectoral de la Universidad a Distancia a todo el mundo, la GESTAPO incluida.

Con mi exposición ustedes tienen la ocasión de dejar de lado las graves denuncias que se han presentado en este congreso y relajarse un rato con los hechos de ficción que voy a presentar. Como éstos no han tenido lugar, quizás es superfluo recordar que la Universidad a Distancia, según el artículo 103 de la Constitución Española, “ha de servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, pero ya está dicho. Por otra parte, es sencillamente una casualidad que este ponente carga hoy día con un expediente disciplinario, dos investigaciones reservadas, una sanción de apercibimiento, el insulto de muchos, la negativa sin justificación a sus legítimas aspiraciones profesionales y el torpedeo vengativo de sus planes de trabajo.

En junio de 1998, un profesor -que conoceremos como A.V.- fue a examinar a los alumnos del Centro Asociado de esta universidad en Guinea Ecuatorial. A su regreso entregó al rectorado y a la Agencia de Cooperación Internacional el informe preceptivo en el que resaltaba deficiencias graves: los libros de texto no llegan o lo hacen tarde, igualmente las calificaciones, no hay contactos profesor-alumno, no hay director, no hay medios elementales, etc. En septiembre del mismo año sucede lo mismo. El primero calla y la segunda lo agradece mediante carta de su director general.

¿Qué hace un profesor cuando el día en que comienzan los exámenes en febrero de 1999 un alumno pregunta en voz alta en el aula si falta mucho para que lleguen los libros? Pues escribe otro informe para que no se diga de él lo que dijo Alfonso X el Sabio: “Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores”. Aquí las autoridades pierden la paciencia, una cosa es recibir un informe una vez y otra es que un tío pesado registre cada cuatro meses uno sobre la ineptitud de éstas. Aquel director que agradecía los avisos escribió al rectorado para denunciar a A.V por su “falta reiterada de espíritu de colaboración y buena voluntad”.

Es curioso que A.V. examinaba en Guinea Ecuatorial desde 1989 y, a pesar de tan mala conducta, no existe ni una sola denuncia de alumnos ni colegas en los diez años que van hasta 1.999. ¿Cómo ve un director general a 5.000 kms. de distancia lo que no ven los alumnos en su casa en años? ¿Qué gafas usa que no le dejan ver los millones derrochados por su mala gestión en Guinea Ecuatorial, pero ven la falta de buena voluntad de un funcionario? Al marqués de Sade lo encerraron por mentir mucho menos y tenía mucha más gracia, sobre todo a la hora de atacar por detrás a traición.

A lo mejor resulta que A.V. sabe que el amigo del director general, administrador de la Cooperación en aquel país, entre otros chanchullos, contrató allí a su novia con fondos destinados al personal local, esto es, para africanos, no para españoles, mientras cobraba como funcionaria que es del Ministerio de Cultura. Quizás sabe que el administrador cobraba del Estado una cantidad extra por vivienda pero vivía gratis en una vivienda de la Cooperación. A lo mejor sabe que las administrativas son conminadas a no archivar ciertos documentos como los contratos mencionados.

Cuando el vicerrector de Asuntos Internacionales recibió el escrito, tenía dos caminos a seguir. Pudo decir a A.V.: ni te defiendo ni te acuso, pero has de explicarte al respecto. Pero siguió el que convenía a su carrera: le prohibió examinar en Guinea Ecuatorial sin mencionar su derecho de contradicción, de audiencia, sin aporte de pruebas. Entre pedirlas a un director general que además le facilita sus proyectos y acallar a un inferior, la elección era fácil. A.V. protestó con estas palabras: “las prohibiciones se comunican por escrito y motivadas”.

El excelentísimo cortó la conversación con la misma promesa que hizo famoso a Al Capone poco antes de la matanza de San Valentín de 1929: “si vas por ese camino vas a sufrir mucho”. En ese momento A.V. no entendió el significado de esas palabras, para él los que sufrían eran los alumnos abandonados y el prestigio de la universidad. Respondió por escrito con la ingenuidad propia de la inexperiencia, poco más tarde perdida para siempre: “Con mucho gusto rectificaré el informe y pediré excusas por mi comportamiento donde se haga necesario”.

Pero ya se sabe que el poder no ilumina a los tontos sino que los confunde y los hace necios, así que respondieron a la humildad con el castigo: “no se asumirán las comisiones de servicio de A.V.” Éste preguntó a los alumnos ecuato-guineanos su opinión sobre su trabajo y obtuvo muchas opiniones como: “Es magnífica su labor y su comportamiento. Deseo que sigas llegando siempre. Gracias” y “como conocedor de las dificultades que atraviesa la universidad, debería interceder cerca de las autoridades”. Luego se las envió a las mismas autoridades.

Eso fue el acabóse, desde entonces se le prohibió viajar sin explicaciones. A.V. acudió al Servicio de Inspección, escribió al rectorado una y otra vez, incluso al Ministerio, pero no obtuvo respuesta. Se hizo un silencio oficial al tiempo que se extendieron rumores sobre A.V. en los que figuraba el tráfico de drogas, actividades políticas, la lucha con colegas por la dirección del centro de la universidad en Guinea Ecuatorial, etc. Al no encontrar justicia en su casa, se fue al Defensor del Pueblo y luego al Senado y al Congreso. Éstos le escriben muy espaciadamente para comunicarle que han tomado nota de su queja y que piden a las autoridades aludidas informes de lo sucedido.

Eso es todo. Punto final para la Administración. Ni la universidad ni estas instituciones, mediando amenazas y castigos allí, buenas palabras y mucho papel timbrado aquí, han hecho lo más fácil: demostrar si A.V. tiene o no razón en sus denuncias. Con el paso del tiempo se entiende la táctica: no investigar lo denunciado sino desviar la atención al denunciante. Nadie recuerda las palabras de Cromwell a la Iglesia en 1650: “Yo os ruego, por las entrañas de Cristo, que penséis que es posible que estéis equivocados”.

Desde entonces sucede lo habitual en el acoso moral: el rectorado no envía los documentos que solicita A.V. para poder hacer valer su derecho, o lo hace tarde, incompletos, etc. Pero la vida sigue su curso y una ong le ofrece un puesto de cooperante en África y pide al rectorado la correspondiente comisión de servicios. El vicerrector de Asuntos Sociales responde que ese profesor tiene un contencioso contra la universidad y que por ello no se la concede, argumento que define perfectamente la pestífera actitud del equipo rectoral.

Curiosamente, el rector da la razón implícitamente a A.V., al nombrar un director del centro de la universidad en Guinea Ecuatorial. Poco después, en septiembre del 2000, éste es denunciado por otros profesores por haber facilitado las respuestas de los exámenes a las dos únicas alumnas “blancas” en un centro universitario de “negros”. Qué casualidad que una es esposa de un cargo de la Unión Europea y que otra solicitaba una plaza en la embajada española para la que no tenía la titulación exigida, salvo si aprobaba esos exámenes. Qué casualidad que ambas habían suspendido los mismos anteriormente. Qué casualidad que han quedado fuera aspirantes de más mérito pero sin relaciones privilegiadas.

A.V. publica el escándalo en la universidad porque el rector lo mantenía tapado durante meses y no tenía intención de hacer justicia al respecto. Como respuesta, el rector ordena una información reservada, ojo, no sobre el director, sino sobre A.V. Finalmente el instructor propone su archivo. Pero el rector desoye la propuesta y ordena un expediente disciplinario, ojo, no sobre los hechos denunciados, sino sobre el denunciante, es decir, otra vez A.V. A pesar de peinar canas no tiene empacho en aparecer ante la comunidad universitaria como un tipo vengativo y un pésimo gestor o algo peor.

Entonces se produce una reacción que a primera vista parece propia de una sociedad feudal y no de una comunidad universitaria: muchos callan y algunos piden la cabeza de A.V. para acabar con el malestar general, sin saber, mejor dicho, no querer saber, que la forma de atajar el escándalo es esclarecer la verdad y no aumentar el castigo, pero la relación entre vasallaje y corrupción en la universidad es una cuestión que nos distrae ahora. Si se observa el asunto con más detenimiento se cae en la cuenta de que el equipo rectoral ha entronizado un sistema que se equipara al de la omertá: todo el mundo guarda silencio, tú no te metes en mis asuntos y yo lo mismo contigo, yo no entro en tus manejos y tú tampoco en los míos.

De repente, el claustro guineano escribe al rector refiriéndose a A.V.: “no se debe tolerar un comportamiento que aminore los denodados esfuerzos desplegados tanto por parte del rectorado como de la universidad en Guinea”. Se trata de una magnífica muestra de adhesión a los principios inquebrantables del Movimiento, pero que lamentablemente llega con 40 años de retraso. Al rector no le quita el sueño que la firma únicamente un ecuato-guineano a sueldo del director denunciado y sabe que un claustro es un órgano colegiado, no unipersonal, y que en Guinea Ecuatorial nunca ha sido constituido uno en esa universidad.

Lo que el rector intenta esta vez es hacer ver que es en Guinea Ecuatorial donde no quieren a A.V. y que por ello no lo envía a examinar allí. El rector y su brazo derecho, el vicerrector de Asuntos Internacionales, se convierten una vez más en el hazmerreír general al ocultar que los alumnos dijeron claramente lo contrario por escrito en la encuesta citada. Pero como temen más a A.V. que al ridículo, reúnen a los secretarios de nueve facultades y escuelas, supuestamente personas con estudios, en torno al escrito y todos deciden que “al haber sido reprobado A.V. por el claustro de Guinea”, no se le comisiona como miembro de los tribunales de exámenes allí. Ninguno de los nueve ni la secretaria general de la universidad que los preside citan la ley del BOE que autoriza a claustros unipersonales e inexistentes de otros países a reprobar a profesores funcionarios. Quizás nombren a los diez reunidos doctores honoris causa en estulticia agradecida y al rector premio Nobel de daño con escarnio a la cosa pública. Mientras, las cabezas pensantes de la universidad, si piensan algo, se lo callan.

En enero de 2002, A.V. declara como imputado en el expediente disciplinario que se le incoa. Los cargos son: difundir masivamente acusaciones gratuitas y escritos difamatorios contra autoridades académicas y causar incidentes en los exámenes. Cinco meses después un nuevo instructor propone el archivo porque “no se interrumpió ningún examen, no se ha difundido información confidencial y no encuentra difamación alguna contra autoridades académicas”, o sea, exactamente lo contrario de lo que dicen los cargos

¿Quién responde de las acusaciones falsas? Nadie. ¿Quién se retracta? Nadie. ¿Quién pide disculpas? Nadie. Pero el mal causado a A.V. ya está hecho, el que se hace a los alumnos sigue haciéndose, el prestigio de la universidad cae más que la bolsa y los profesores jóvenes reciben lecciones inolvidables: allá van leyes do quieren reyes, no te muevas si quieres salir en la foto, calla y obedece o lo pagarás caro, etc.

El equipo rectoral, que tiene peor perder que Bush, Blair y Aznar, no puede ocultar su desagrado con el informe del instructor y comunica a A.V. el archivo del expediente mediante estas palabras que firma la secretaria general: “no es normal la difusión pública de una carta que se ha recibido (se refiere a una denuncia contra la universidad de un alumno de aquel país) y se revela una notable falta de compañerismo al hacer pública la denuncia que otros dos profesores han presentado contra un tercer profesor.”

Con otras palabras: si un profesor observa una acción ilegal ha de primar el compañerismo sobre el cumplimiento de la ley. Además, si un alumno pide a un profesor que publique una denuncia, éste ha de negarse porque lo normal en un Estado de Derecho es tapar las denuncias. La guinda la pone al final: “Pero el que estas conductas sean reprochables desde un punto de vista deontológico no significa que puedan ser sancionadas disciplinariamente”. Conclusión: que las autoridades universitarias tienen un código deontológico que desconocen los demás mortales, sus propios jueces instructores incluidos. En esas manos estamos.

El resto hasta hoy es más de lo mismo: se cierra un expediente contra A.V. y aparece otro, pero nunca sobre sus denuncias. A.V. fue designado para examinar en Guinea Ecuatorial en septiembre de 2002, pero ha sido excluido una vez más sin motivación escrita. A estas alturas parece agotada la imaginación del equipo rectoral. No puede seguir acumulando acusaciones contra A.V. que luego se diluyen en los expedientes disciplinarios. Un aventajado imitador del rector, el vicerrector de Calidad e Innnovación, ha debido de ver últimamente en las noticias algo sobre la guerra contra el terrorismo y ha dicho que no dejan a A.V. ir a Guinea Ecuatorial por su seguridad, que están preocupados por si le ocurre algo. ¡Cuánta delicadeza! Desde luego, qué menos que sigan cobrando por ello, ¡que les suban el sueldo ya!”