El temor a perder el trabajo, la escasez de oportunidades, la falta de empleos dignos, hacen que muchos trabajadores y trabajadoras soporten situaciones de violencia que llegan a enfermarlos psíquica y físicamente. La violencia laboral no es nueva pero está a la orden del día.

Hace algunos meses una bioquímica que se desempeñaba en el Estado necesitaba un laboratorio sellado para hacer una investigación. Para entorpecer su tarea, su superior le puso una balanza en su lugar de trabajo, lo cual hacía que desfilaran por allí más de 20 personas por día, y lo que no le permitía a ella desarrollar su trabajo en las condiciones que necesitaba. El impedimento cotidiano de desempeñar la tarea es sólo uno de los tantos mecanismos en los que se expresa la violencia laboral, una actitud tan vieja como el trabajo mismo pero que empieza a ser penalizada.

En 1996, la Organización Mundial de la Salud reconoció a la violencia como una epidemia que pronto superaría a las enfermedades infecciosas como causa principal de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo, y resolvió también considerarla como una amenaza para la salud pública y un obstáculo para el desarrollo de las naciones.

A partir de allí, se reforzaron las voces que le pedían a los Estados un compromiso activo para combatir todo tipo de violencia, y en especial aquella que se desarrolla en el ámbito laboral. En 1998, la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe sobre este tópico intitulado Violence at Work, el cual nunca tuvo una traducción al español.

Paralelamente, junto con esos reclamos comenzó a aparecer, desde el ámbito científico, análisis pormenorizados de la violencia laboral y fuertes denuncias de incumplimiento de las normas por parte de los Estados en lo que respecta a los empleados de la administración pública.

La socióloga Diana Scialpi, presidenta de la organización Instituciones sin Violencia y autora de la prestigiosa investigación Violencias en la Administración Pública, explica que "cuando el terror administrativo es perpetrado en los organismos públicos por quienes tienen la obligación social y legal de proteger, como es el caso del Estado Argentino empleador, sus efectos son doblemente devastadores". "Provoca graves trastornos en la salud psíquica y física de los servidores públicos, pervierte los resultados de la gestión pública, vulnera nuestros Derechos Humanos y nuestro Estado de Derecho, resulta condición previa y necesaria para emplazar la corrupción en el Estado e instala un modelo autorizado en toda los sectores de actividad, sean públicos o privados", enumera.

Está claro, entonces, que el Estado debe cumplir las normas porque es su deber y porque tiene que ser el ejemplo para el sector privado en su conducta. ¿Qué se supone que deben hacer las empresas con sus empleados en negro si las universidades estatales tienen a más de la mitad de sus profesores sin contrato?

Sin embargo, Scialpi expone que los autores de Violence at Work destacan la falta de información estadística confiable y precisa, por dos razones: "La primera, por la ausencia de responsables específicos en la mayoría de los países. No hay registros. Los datos compilados refieren, por un lado, a Higiene y Seguridad en el Trabajo y por otro a informaciones sobre crímenes provenientes de la justicia penal asociados a violencia. La segunda razón para la ausencia de datos confiables es que no hay concierto internacional sobre una definición general de 'Violencia en el Trabajo'. Falta un acuerdo en las definiciones de violencia, trabajo y lugar de trabajo".

Sin estadísticas en la Argentina, ni en el sector público ni en el privado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló 29 categorías para reconocer conductas violentas en el trabajo en todo el globo, entre las que vale la pena remarcar tres por su reiteración y gravedad en el padecimiento: mobbing, acoso moral y acoso sexual.

El primer concepto, que traducido al español se entiende como abuso emocional, lo desarrollaron, en 1999, Noa Davenport, Ruth Distler Schwartz y Gail Pursell Elliott, tres especialistas de la Universidad de Iowa. Esta modalidad de violencia en el trabajo consiste en tomar a una persona como "blanco" de hostigamiento y acoso psicológico persistente.

Mónica, que trabajó como administrativa en una empresa de seguros hasta hace poco menos de un año hasta que decidió renunciar, cuenta su padecimiento como "un sufrimiento que empezaba en la oficina y se sentía luego en todos los ámbitos". "Mi jefa me odiaba, me pedía que haga informes urgentes para el mismo día dándomelo 30 minutos antes que termine mi horario laboral y me "obligaba" a quedarme -cuenta ella-. Yo volvía cansadísima a mi casa, casi no veía a mi hijo de 5 años y lo peor es que estaba angustiada todo el tiempo".

El caso de esta mujer de 35 años no tuvo el mejor final: intentó llevarlo a juicio pero su abogado le explicó que no reunía las pruebas suficientes para que la acusación termine en buen puerto. Mónica prefirió desistir.

Otro de los puntos, la idea de acoso moral lo expone la especialista francesa Marie France Hirigoyen en un libro publicando en 1999. Allí, ella sostiene que el acoso moral en el trabajo es "toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo".

Por último, está el acoso sexual que, lamentablemente, es una práctica que no merece muchas explicaciones debido a la reiteración de casos en todos los ambientes, no sólo los laborales.

Medidas en contra

Hay aprobadas innumerables medidas para solucionar la precarización laboral en el ámbito privado, y se puede empezar a contabilizar desde la misma Constitución Nacional. Lejos de cumplirse todas estas normativas, entre 2002 y 2005, en las provincias de Tucumán, Jujuy, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones y Santa Fe, se sancionaron seis leyes provinciales destinadas a reducir la violencia laboral en el empleo público.

También en una medida innovadora, aunque por ahora con poca difusión y funcionamiento, se creó, en julio de este año, la Oficina para denuncias de las víctimas de violencia laboral de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Julio Rastelli, uno de los fiscales a cargo, expone que "el objetivo es producir un espacio en el cual todos los agentes públicos de cualquier índole y categoría, puedan incorporar a nivel nacional un lugar de recepción de una denuncia con una solución real a su cotidianeidad, interrelación personal con superiores o con el organismo en donde se están desempeñando".

Esta oficina, única en todo el mundo, atendió desde que abrió apenas 30 casos, de los cuales en 20 oportunidades se realizó una mediación entre superiores, el jefe que ejerce la violencia y la víctima. Dentro de esos casos, en 5 oportunidades los acusados fueron trasladados o despedidos, y en los otros 15 procesos, este fue forzado a revertir su conducta. De los 10 casos restantes, 8 están actualmente en trámite y 2 fueron desestimados.

En esta fiscalía atienden casos de lo más variado, pidiendo siempre que se reúnan la mayor cantidad de pruebas posibles. Por ejemplo, han solucionado el citado inconveniente de la bioquímica, comunicándole al director los hostigamientos que estaba realizando el supervisor a la investigadora, y logrando así cesar ese accionar y quitar la balanza de su lugar de trabajo.

Además, por citar un terrible caso de mobbing, están actuando en el caso de un hombre que se desempeña en un puesto del Estado y no lo dejan entrar a su trabajo, lo ignoran. Sella los documentos en la mesa de entrada pero no sube a su puesto porque hay una orden explicita de que no entre más allá de la recepción del edificio. "Esta persona está muy mal psicológicamente, está bloqueado y no se quiere dar por despedido", dicen en la fiscalía.

Justamente, como método de concientización, en el Ministerio de Trabajo se está llevando a cabo un seminario abierto para empleados de la administración pública, empresarios, gremialistas y organismos de Derechos Humanos, que se llama "Hacia la construcción de Políticas Públicas para la prevención y atención de la violencia laboral", el cual esta impulsado y dirigido por la abogada Patricia Sáenz, de la Comisión Tripartita, y el psicoanalista Raúl Toer, del Departamento de Capacitación del ministerio. En ese ámbito especialistas de diferentes áreas plantean el problema y las soluciones con un diálogo permanente entre un público verdaderamente entusiasmado.

"Durante mucho tiempo fue 'de esto no se habla', se agudizó esta concepción. Esta muy presente el miedo. Pero ahora es tiempo de ponerlo sobre la mesa, tomar conciencia de que es un problema serio y que es un sufrimiento comparable con enfermedades graves", dice Toer en dialogo con Artemisa Noticias. Sáenz agrega que "es importante que los empleadores se den cuenta que no hay nada mejor que sus trabajadores recuperen la dignidad por el trabajo y estar en buenas condiciones, y eso va a hacer que la organización también funcione mejor".

Diferencias de género

En la fiscalía estiman que el 70 por ciento de las denuncias son realizadas por mujeres, e intuyen que los hombres se resisten más ante las agresiones porque no hacerlo significaría, para ellos, "una falta de personalidad".

Sáenz asegura que "por el reciente traspaso de la mujer del ámbito privado al público quizás fue más victima del acoso laboral". "Sobre el acoso sexual en el trabajo, hay más casos denunciados de mujeres que de hombres", dice ella para luego aclarar que no es una estadística sino que se basa en denuncias recibidas en el organismo.

"La mujer es más pasible al abuso sexual y las consecuencias allí son más graves que en otras agresiones. La consecuencia inmediata, como otras violencias, es la perdida de autoestima y la baja del rendimiento, pero también puede provocar daños físicos y psicológicos, incluso llegar hasta el suicidio. En necesario entender, por eso, que el problema de la violencia laboral debe ser tratado seria y prontamente", finaliza Saenz.

Trabajos de terror
Por Tomás Veitz | 16.11.2005
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=6&idnota=993