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Movimientos
contra la gentrificación y transformaciones en la política
local de Sevilla.
Autor(a)iban
Fecha de Creación
30 oct 2007
Licencia
This work is in the public domain
Este texto es una revisión de otro publicado aquí
hace un par de años "Movimientos contra la gentrificación
en Sevilla". La revisión ha sido necesaria a raiz
de los nuevos datos que he obtenido y que creo que pueden
ser utiles para las personas interesadas en el tema.
Las conclusiones son quizás lo más pobre de
este articulo. Desde aquí me gustaría invitar
a las personas interesadas en el tema e implicadas en los
hechos que aquí se detalla, muchos de los cuales paran
por esta pagina gueb, a que aporten sus conclusiones y sus
criticas al articulo. Serán bien recibidas.
GENTRIFICACIÓN Y LA CUESTIÓN SOCIAL
El
fenómeno al que aquí nos referimos es un fenómeno
netamente urbano y situado en la etapa histórica del
postfordismo, a pesar de que puedan existir procesos semejantes
en otros ámbitos espaciales y temporales. La existencia
de este tipo de procesos esta directamente relacionada con
la retirada del sector publico del mercado de la vivienda
a partir de la decada de los setenta (HARVEY, D. 2004, p.
125).
El
efecto más notorio de la gentrificación es el
desplazamiento de los grupos de ingresos bajos (SARGATAL,
2000). El desplazamiento puede tener lugar bajo distintas
formas pero se produce principalmente en base al coste de
la vivienda. La clase media-baja pueden reducir su número
en la zona por el envejecimiento de la población, en
base a desalojos por las condiciones ruinosas de un edificio
o por expiración de un contrato de alquiler y ausencia
de una oferta de alquileres en la zona para este grupo social.
En los casos en los que los desplazamientos se producen de
forma voluntaria, estos lo son generalmente debido a un efecto
de rechazo por la situación de degradación del
caserío, por el pago de incentivos a cambio de su abandono
a inquilinos con contratos blindados, o por la compra-venta
de la propiedad. Una vez realizado este desplazamiento se
pone en valor el suelo, comúnmente residencial, a través
de la rehabilitación del edificio, recualificada habitualmente
como residencias de alto nivel, o la construcción de
viviendas de nueva planta. A la expulsión progresiva
de la población por los métodos mencionados
se le une la incapacidad por parte de los desalojados o de
jóvenes emancipados, originarios del sector gentrificado,
de pagar un alojamiento, como consecuencia de la revalorización
y el aumento del precio de la mercancía vivienda.
El
desplazamiento de los inquilinos tradicionales, en muchos
casos, se reduce a una transacción económica,
es decir, al pago por parte del propietario o del promotor
de una cantidad variable de dinero a cambio de que el inquilino
abandone la propiedad. En otros muchos casos, y en especial
en el de aquellos inquilinos de renta antigua, para conseguir
el desplazamiento se han generalizado una serie de técnicas
de acoso. Acoso inmobiliario definido como conjunto extendido
de practicas y acciones, tomadas por parte de la propiedad
o de promotores, con el objetivo de forzar el desplazamiento
de los inquilinos de un inmueble dado, voluntario haciendo
inhabitable el edificio o forzoso consiguiendo el desalojo.
Sobre este tipo de técnicas generalizadas en todas
las ciudades medias y grandes que sufren estos procesos versa
el volumen colectivo “El cielo esta enladrillado. Entre
el mobbing y la violencia inmobiliaria y urbanística.”
(VVAA, 2006). En este libro se diferencia entre acoso físico
y arquitectónico, y acoso legal e institucional. En
el primero se incluiría el abandono del deber de conservación
por parte del propietario, e incluso la realización
de actos de sabotaje y obras dirigidas a causar daños
en la estructura del edificio, o a hacerlo inhabitable, lo
más común, o la utilización de otros
recursos como las amenazas o la instalación de vecinos
molestos. En el segundo grupo se incluiría la búsqueda
de la declaración de ruina del edificio, consecuencia
por otro lado del abandono del deber de conservación,
subidas desorbitadas del alquiler cuando fuese esto posible,
negativa a recoger el alquiler, etc. (VVAA, 2006). Las referencias
al término y al concepto son numerosas. En 1998 el
Ayuntamiento de Cádiz dicto un bando municipal para
advertir a la ciudadanía sobre estas prácticas.
En el 2003 se presenta la primera querella por mobbing inmobiliario,
desestimada y reabierta por la Audiencia de Barcelona (El
Periódico de Cataluña, 17 de septiembre del
2003). En el 2004, en otro caso en Getxo el término
“acoso inmobiliario” es contemplado en el auto de
apertura de un procedimiento. Actualmente el Código
Penal solo contempla el “acoso sexual”, aunque desde
hace varios años se habla públicamente del acoso
laboral, el escolar y más recientemente del inmobiliario.
Por otro lado el Art. 173.1 del Código Penal se ajusta
suficientemente a las características del acoso inmobiliario
y podría ser utilizado legalmente: “El que inflingiera
a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente
su integridad moral, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años.”
Esta
relación entre grupos sociales que sucede en los procesos
de gentrificación puede permanecer como una simple
agresión. Sin embargo también puede darse el
caso de movilizaciones y respuestas por parte del grupo social
“sustituido” o “desplazado”.
Determinados grupos de afectados, colectivos aparentemente
indefensos, pueden asociarse y resistir a la gentrificación.
De su lado puede estar determinados órganos de la administración
controlados por individuos sensibles a estas problemáticas
y grupos pertenecientes a la diáspora de movimientos
sociales que, con mayor o menor éxito, se desarrollan
en las ciudades medias-grandes del Estado.
De esta extraña alianza pueden surgir movimientos efectivos
que adquieren protagonismo fundamental dentro de las resistencias
a las formas imperantes dentro del urbanismo y del sector
inmobiliario. D. Harvey ve una conexión entre las luchas
contra las autopistas, la lucha de los guetos o las luchas
contra la rehabilitación de los centros. Se trata de
luchas identificadas como resistencias al cambio. Sin embargo
no debemos percibir estas luchas meramente como oposición
a todo cambio, sino a un cambio en concreto, se trata de formas
de oposición al cambio o desarrollo. (HARVEY, 2007,
P.354)
El proceso de gentrificación no es unidireccional e
imparable, puede encontrar obstáculos y resistencias
en su devenir que consigan ralentizarlo, frenarlo o incluso
puede retroceder. En este sentido la comparación del
caso de Sevilla con otros casos de ciudades españolas,
como el Raval de Barcelona, o Lavapies, podría resultar
esclarecedor. El avance, mucho más tortuoso y difícil,
del proceso en el Raval de Barcelona parece guardar una relación
directa con la gran afluencia de inmigrantes al barrio (SARGATAL,
2001), produciendo el efecto contrario, la desvalorización
de la zona; un factor que no existe en el caso del Conjunto
Histórico de Sevilla.
En otros casos, en otras ciudades, podemos ver como el proceso
ha encontrado resistencias fuertes, llegando incluso a retroceder
notablemente. Mike Davis, nos describe varios casos de este
tipo en la ciudad de los Ángeles (DAVIES 2000), resistencias
asociadas principalmente a la existencia de minorías
étnicas y a la gran afluencia de inmigrantes latinoamericanos,
como en el caso descrito del barrio de Oakwood (DAVIES 2007)
GENTRIFICACIÓN
E INTERVENCIÓN PÚBLICA EN SEVILLA
En
Sevilla la existencia de estos fenómenos pasa desapercibida
hasta los años ochenta, cuando varios sectores, urbanisticamente
degradados, pertenecientes al conjunto histórico comienzan
a revalorizarse, en un proceso que viene marcado por la generalización
de las demoliciones y los desalojos. Este proceso se concentra
en el Centro Histórico y resulta paradigmático
el caso del arrabal San Bernardo, de igual forma que el sector
nor-este del Casco Histórico. Son todos ellos barrios
de carácter obrero con un cierto desarrollo industrial
entre el siglo XIX y la primera mitad del XX, con un caserío
viejo y degradado y predomino del alquiler sobre la propiedad.
Sufren un proceso acentuado de degradación urbanística,
económica y social (MARIN DE TERÁN, L. 1980;
sobre San Bernardo VERA, A. L., 1990; sobre San Luis LEON
VELA, J. 2002) y su recuperación se lleva a cabo a
partir del Plan General de 1987. En concreto respecto de San
Bernardo y del sector nor-este del Casco, su recuperación
urbanística se plantea a partir del Plan de Reforma
Interior del Arrabal de San Bernardo y de los PERI C3, C4
y C5, respectivamente. Dichos planes serán paradójicamente
ejecutados a partir de los Planes Especiales de Protección
de los Sectores 2, 3 y 12. A los PEP 2 y 3 al noreste del
Casco Histórico, habría que sumarles la ejecución
del Plan Urban entre 1995 y el 2000 (GARCÍA JAÉN,
M. J. 1988). Los ensanches, las agregaciones de parcelas y
las nuevas alineaciones, suponen el derribo de numerosas edificaciones;
esto unido a la reurbanización de calles y plazas y
la creación de nuevas y costosas dotaciones (casi una
tercera parte de los fondos del Plan Urban se dirigieron a
la rehabilitación de dos edificios públicos)
servirán de incentivo para el sector privado que invertirá
de forma masiva en la mercancía vivienda de estas zonas.
Los
efectos de de estas intervenciones sobre la dinamización
del sector privado de la vivienda en estas zonas los hemos
podido comprobar a partir del examen de la Actas de la Comisión
Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. De tal forma
que entre el 2000 y el 2006, en el sector delimitado por el
Plan Urban “San Luis-Alameda”, se derribaron 79
edificios, se reforman 418 y se levantaron 96 nuevas plantas.
En el arrabal de San Bernardo, en este mismo periodo y a pesar
de su reducido tamaño, se derribaron 17 edificios,
se rehabilitaron 32 y se levantaron 24 nuevas plantas. Las
consecuencias sociales de este intenso proceso de renovación
urbana no pasan desapercibidas. La descapitalización
durante cerca de medio siglo de edificaciones de mucha edad,
y a menudo obsoletas, unidas a una rápida revalorización
de estas zonas desbocan en una vorágine de declaraciones
de ruina, desalojos y demoliciones. En el mismo periodo antes
indicado en San Luís se declaran 43 edificios en ruina
y la Gerencia de Urbanismo ordena el desalojo de 36 edificios.
En San Bernardo se declaran 14 edificios en ruina y se desalojan
por orden de la administración 4 edificios.
Las
denuncias contra malas prácticas por parte de los propietarios
con intención de expulsar inquilinos se han multiplicado
desde la apertura de las dos oficinas de asesoramiento a inquilinos
en Sevilla en el 2004, OTAINSA y UBAI . De los 214 casos de
acoso a inquilinos tratados por la OTAINSA registrados entre
2004 y 2005, el mencionado sector San Luís-Alameda
recoge 94 casos, el 43,92% del total, reduciéndose
notablemente el numero de casos en San Lorenzo y en la mitad
sur del casco histórico. San Bernardo recoge 7 casos,
el 3, 27% de los casos, a pesar de su reducida superficie.
El otro sector de Sevilla donde se concentran este tipo de
casos es Triana con 27 casos, el 12, 61 %, En total, estos
tres sectores, suman el 59.78% de los casos recogidos por
la OTAINSA.
EL MOVIMIENTO VECINAL EN TORNO A LA CASA GRANDE DEL PUMAREJO
Las
primeras acciones de denuncia en el casco norte de Sevilla
se producen en torno al aparcamiento subterraneo proyectado
a finales de la década de los años noventa en
la Alameda de Hercules, y la plataforma que se crea con el
objetivo de frenarlo. Dentro de este movimiento, con ciertas
conexiones con Asociaciones de Vecinos pero compuesto en su
mayor parte por jóvenes activistas, de orientación
ecologista o antidesarrollista, se relaciona la inversión
publica en infraestructuras con el proceso de expulsión
de los vecinos tradicionales del barrio, el derribo de las
edificaciones populares y el encarecimiento de la vivienda
en la zona (BARBER, S. 2006). El movimiento en principio,
carece de una visión global del conflicto social y
oscila hacia el ecologismo. Sin embargo esta lucha da lugar
a intentos de un enfoque más social que llevan inevitablemente
a una crítica feroz al Plan Urban y a un progresivo
acercamiento a los vecinos amenazados. Los primeros acercamientos
se dan a raíz de las protestas por el desalojo de una
casa de vecinos en Palacios Malaver en julio de 1998 que desembocó
en una acampada en plena calle y el desalojo de un corral
de artesanos en la calle San Luis por parte de la empresa
publica de vivienda EMVISESA en Junio del 2001 (BARBER, S.
2006), en el que se desobedece la orden de desalojo con una
tímida resistencia.
Un
año antes se crea la Plataforma por La Casa del Pumarejo,
de una alianza entre jóvenes activistas que provienen
de estas primeras resistencias reseñadas y vecinos
o principalmente hijos de vecinos de La Casa. Se crea también
un vínculo importante en principio con la Asociación
de Vecinos Areneros de San Gil, que se reunía en La
Casa hasta que el local que ocupaban fue desalojado. El objetivo
de la plataforma es defender los derechos de los vecinos a
permanecer dignamente en el edificio. También se reivindica
la permanencia del uso residencial en la entreplanta y segunda
planta, así como los usos artesanales y comerciales
de los bajos.
De forma paralela se va desarrollando en la zona un cierto
movimiento de ocupación de corte más juvenil,
que se concreta en las ocupaciones de las calles Divina Pastora
y Antonia Sáenz. Los ocupas tienen una cierta politización
y conciencia de la problemática del barrio y no tardan
en entablar relaciones, aunque tibias, con la Plataforma.
También se traslada a la zona la Casa de la Paz, centro
social de grupos pacifistas. Estos elementos van creando un
entramado político en el barrio que va sumando fuerzas
a la Plataforma.
La
Casa del Pumarejo es una casa palacio del s.XVIII que acoge
diversos usos. Es palacio señorial, hospicio, cárcel,
escuela de adultos y finalmente corral de vecinos. A finales
del XIX la planta alta es compartimentada para multiplicar
el numero de viviendas mientas que los locales en planta baja
se utilizan para actividades comerciales y artesanales principalmente.
A principios de la década se encontraba en la misma
situación que tantos corrales del centro histórico.
Una población envejecida y de bajo poder adquisitivo
y un edificio deteriorado con la propiedad eludiendo el deber
de conservación, esperando que cayese a pedazos o a
que no quedase un solo vecino para remodelar el edifico. En
el 2006 quedaban solo nueve viviendas habitadas, ya que la
propiedad se ha negado a renovar los contratos y a hacer otros
nuevos. De igual forma a sucedido con muchos de los locales
de la planta baja.
La
Plataforma se estructura entorno a algunos vecinos de la zona
concienciados, algunos hijos de vecinas de la Casa del Pumarejo
y militantes que habían estado inmiscuidos en la lucha
contra el Parking. Entre el reducido grupo inicial encontramos
gente con un cierto nivel técnico, capaz de manejarse
con los planes urbanísticos, los políticos y
la prensa, lo que será determinante a la hora de ganar
eco en la prensa local y de presionar a la administración
local. La plataforma utiliza los medios a su alcance para
conseguir el objetivo de hacer que permanezca la población
tradicional en el corral. Pasa necesariamente por la presión-negociación
con la administración pública, con el objetivo
de conseguir la rehabilitación subsidiaria del edificio.
Se sigue una estrategia de denuncia a través de actos
y acciones de visualización para presionar a urbanismo,
utilizando al mismo tiempo a los medios locales de comunicación.
La
plataforma consigue en primer lugar paralizar los desalojos
y el proyecto de convertir el edificio en hotel. También
se consigue el compromiso del Ayuntamiento y el inicio de
los trámites para la expropiación del edificio
a sus propietarios por incumplimiento del deber de conservación.
Otro de las victorias es la declaración del edificio
como Monumento. Tras una lucha de cuatro años se consigue
en el 2003 la declaración de Bien de Interés
Cultural por parte de la Conserjería de Cultura.
En
el 2004 se ocupan uno de los numerosos bajos abandonado del
edifico, donde se crea el Centro Vecinal del Pumarejo. A partir
de este momento el numero de personas, del barrio y ajenas
a él que pasan a implicarse no para de crecer.
A
pesar de la importancia de las victorias de la plataforma
es reseñable que el proceso de gentrificación
ha seguido su curso en el barrio. Sin embargo en el entorno
del movimiento para salvar El Pumarejo nacen dos plataformas
con una visión más amplia de la problemática.
En el 2003 se crea la Plataforma de Inquilinos Amenazados,
que engendrará la Liga de Inquilinos de Sevilla, ya
en el 2005; una asociación que en estos sus primeros
pasos se dirige a defender principalmente a los vecinos que
se encuentran en peligro de desalojo en barrios con este tipo
de problemáticas y que podría convertirse en
una buena herramienta organizativa y de lucha contra los procesos
de gentrificación. En el 2005 también se crea
la PACA Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo, enfocada
hacia la problemática del desalojo de los corrales
de artesanos.
LAS
OCUPACIONES DE SAN BERNARDO
En
el 2005 se ocupa en la Calle San Bernardo un antiguo colegio
de adultos, abandonado durante quince años por la administración
local, con el objetivo de crear un centro social. Esta ocupación
se presenta como reivindicativa y política y ejerce
una tímida denuncia de la especulación en el
barrio en sus primeros panfletos. Los jóvenes ocupas
contactan con algunos antiguos vecinos del barrio, que a su
vez habían tenido contacto con el movimiento en torno
a El Pumarejo. Una de las primeras actividades, en Marzo del
2005, son unas “Jornadas contra la Especulación”,
en las que se trata específicamente la problemática
de la gentrificación. Gracias a los contactos previos,
acude un nutrido grupo de vecinos del barrio, de edad avanzada
y en situación precaria con respecto a sus viviendas.
El
trabajo de dinamización que algunos vecinos empiezan
a desarrollar en el barrio a partir de entonces, desemboca
en la ocupación de un bloque de viviendas sociales
por parte de vecinos amenazados de desalojo y con sus casas
en estado avanzado de deterioro.
De
esta forma el martes 24 de Mayo se ocupa un bloque de viviendas
de VPO en la Calle San Bernardo 52. Las viviendas llevaban
más de dos años terminadas sin haber salido
en sorteo por presuntos litigios entre la administración
y la empresa constructora Prasa. Los ocupantes son un grupo
de 16 personas que forman 10 núcleos familiares. En
su mayoría se trata de personas de avanzada edad, la
media se sitúa en los 65 años, la más
anciana con 88 años, y la más joven con 48.
Son familias además con ingresos muy escasos, la mujer
de 88 años por ejemplo cobra 73 euros al mes de pensión
por viudedad, dado que su cónyuge a penas había
cotizado en vida. Todos los vecinos tenían expedientes
en urbanismo por el inclumpliemiento de los propietarios del
deber de conservación de las edificaciones.
Las
viviendas que se ocupan estaban dirigidas en principio a viviendas
de realojo. Sin embargo, en el 2003, los actuales vecinos
del barrio se movilizan contra la existencia de viviendas
de realojo y el Ayuntamiento cambia las viviendas al régimen
de VPO para que fueran adjudicadas por sorteo mediante EMVISESA.
Urbanismo disfrutaba de asignación preferente sobre
diez de las viviendas construidas por Prasa, sin embargo existía
un litigio pendiente entre ambas partes por el que Prasa todavía
no había transferido lo derechos de estas diez viviendas
a la administración.
En
un principio se plantea un encierro para denunciar la situación
de algunos de los últimos vecinos históricos
de San Bernardo, acosados por la propiedad y con sus viviendas
extremadamente deterioradas. A medida que pasan los días
la situación va transformándose en un “realojo
reivindicativo”.
Desde
el momento en que la empresa constructora, y que retiene en
su propiedad la totalidad de las viviendas por litigios con
el ayuntamiento, tiene constancia de la ocupación toma
medidas. Denuncia la ocupación en los juzgados de lo
penal, La titular del juzgado de Instrucción numero
19 de Sevilla, envía a la policía nacional a
la zona tras la denuncia de la propiedad y da la orden de
que no entre ninguna persona ni mobiliario alguno en el edificio
. Desde entonces el edificio aparece cercado por un fuerte
dispositivo de la policía nacional equipada con material
antidisturbios, que impide la entrada de enseres y los primeros
días, e incluso de comida. No obstante se paraliza
el desalojo temporalmente por traumático al tratarse
en su mayoría de ancianos. La propiedad por su parte
anuncia la denuncia por usurpación de los ocupantes
.
Los
vecinos se organizan dentro de la Liga de Inquilinos, que
interviene en el conflicto, realiza declaraciones de apoyo
e interviene en las negociaciones con la administración.
Se solicita el realojo, se denuncia la situación de
los ocupantes y el elevado numero de viviendas vacías
en la ciudad. Durante estos primeros días se producen
concentraciones de hasta setenta personas en las puertas del
edificio, apoyando la ocupación .
El
viernes se anuncia un acuerdo entre urbanismo y Prasa, que
todavía tendrá que esperar unos días
para concretarse, y se retiran las dotaciones de la policía
nacional. Ya el sábado Emasesa ha dado agua los pisos
y los guardias de seguridad privados de la empresa son sustituidos
por otros de urbanismo .
El
ayuntamiento abre por lo tanto dos vías para la solución
del problema, por un lado negocia con Prasa las viviendas
ocupadas, por otra amenaza con expropiar a los propietarios
de las casas de origen de los ocupas si no realizan las obras
de mantenimiento. Finalmente, Urbanismo acuerda con Prasa
quedarse con las 15 viviendas. De esta forma el Ayuntamiento
pasa a gestionar la totalidad de las viviendas del bloque,
a través de la OTAINSA. Diez de las viviendas se dedican
al realojo temporal de los ocupantes. Los otros cinco se reservan
para otros realojos. (El Mundo Miércoles 1 de Junio
de 2005 Sevilla p.6) El coste de la operación asciende
a 1.350.000 euros, 90.000 por vivienda adquirida (ABC 4de
junio del 2005, pag 4 de Sevilla) Por su parte Prasa retirará
la denuncia penal por usurpación. (El Correo de Andalucía.
Sabado 04/06/05 pag5.)
A
partir de Agosto del 2005 empieza una cierta actividad de
la denominada “Plataforma Salvemos San Bernardo”
claramente influenciado el uso de esta denominación
por la Plataforma para salvar la Casa del Pumarejo. A partir
de este momento es el nombre bajo el que se van a defender
los derechos de los vecinos. Se utiliza el termino “gentrificación”
por parte de los portavoces, y se vincula a fuertes procesos
de especulación urbanística. También
se reclaman expropiaciones por parte de la administración
para abordar el problema .
CAMBIOS
EN LA POLITICA MUNICIPAL RESPECTO DE LA GENTRIFICACIÓN
A PARTIR DEL 2003
Con
el cambio del pacto de gobierno de la ciudad ocurrido en el
año 2003, que afecta notablemente a la composición
de los cargos políticos situados en la gerencia de
urbanismo se advierten cambios destacables en la política
urbanística de la administración para la zona.
Si bien el proceso de renovación urbana y el paralelo
proceso de gentrificación siguen su curso de forma
natural, si que se percibe una sensibilidad antes inexistente
hacia la problemática de la sustitución de la
población de la zona y los abusos cometidos sobre los
inquilinos tradicionales.
La
principal apuesta de intervención en la zona va a ser
la reordenación de la Alameda de Hércules, que
tras múltiples intentos será llevada a cabo
definitivamente a través del “Proyecto básico
y de ejecución de regeneración y adecuación
de la Alameda de Hércules en el 2004” y que vendrá
acompañado de un fuerte impulso a la gentrificación
comercial de la zona con la apertura de numerosos nuevos locales.
Por
otro lado, la nueva orientación de la administración
se concreta en dos nuevos órganos dependientes de la
gerencia de urbanismo. Por un lado la oficina del Área
de Rehabilitación concertada San Luis-Alameda- San
Julián y la OTAINSA (Oficina de asesoramiento a inquilinos
en situación de abuso) ambas operativas a partir del
año 2004. Esta área de rehabilitación
concertada estaba prevista por la gerencia desde el 2001,
incluyéndose dentro del III Er. Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo y habiéndose redactado la memoria justificativa
de su declaración. Sin embargo no es hasta el cambio
de gobierno que su puesta en marcha se hace prioritaria. En
Marzo del 2004 se firma el Convenio de Colaboración
para el inicio y desarrollo del Área de Rehabilitación
Concertada de la zona Alameda- San Luis -San Julián,
relativas a la redacción del programa de actuación,
constitución de la oficina técnica del área,
así como para las actuaciones de carácter prioritario,
siguiendo el modelo ya experimentado en otras ciudades andaluzas,
como Cádiz y Granda.
La
delimitación del área parece muy acertada, cubriendo
casi la totalidad del sector norte del casco histórico,
del que se excluyen en el barrio de San Lorenzo, de otra naturaleza
y devenir social, y los bloques de tipo polígono ejecutados
en los años setenta sobre parte del barrio de San Julián.
La
oficina técnica del área se pone en marcha a
mediados del 2004, y en sus documentos se denuncia la sustitución
de población y la segregación que se viene produciendo
en la zona en los últimos años, asumiendo la
necesidad de intervenir sobre el proceso. Para ellos se ponen
en marcha distintos programas, predominando aquellos dirigidos
a la transformación de infraviviendas. En los dos primeros
años de vida del Área de Rehabilitación
Concertada se interviene sobre 14 edificaciones. Los programas
de rehabilitación autonómica cuentan con 89
expedientes abiertos. También se incluye entre las
líneas de actuación la creación de vivienda
pública en alquiler, iniciando expedientes para la
construcción de seis edificios de nueva planta sobre
solares aportados por el ayuntamiento y con su ejecución
a cargo de EPSA . Estas actuaciones se recogen en el Programa
de Actuación, documento marco que recoge la actividad
conjunta de ambas administraciones y que se ha redactado de
forma coordinada con el PGOU 2006.
Otra
de las particularidades del Área de Rehabilitación
Concertada es el énfasis en la colaboración
con las asociaciones de la zona a través de una Comisión
de Participación Ciudadana. Es notable la intención,
al menos aparente, de acercarse al movimiento asociativo crítico,
como denota la inclusión en los programas de espacios
como el Palacio del Pumarejo, el Huerto del Rey Moro o los
talleres de artesanos de Castellar 52 y Pasaje Mallol.
OTAINSA
nace en Marzo del 2004, coordinada y auspiciada desde el Servicio
de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo,
con la participación del Departamento de Conservación
de la Edificación.
Se
trata de una oficina dirigida a tratar la problemática
social generada entre inquilinos y propietarios de inmuebles
en los que se incumple el deber de conservación. Debido
a la particularidad de esta problemática, la intervención
de esta oficina se encuentra muy localizada en el conjunto
histórico de la ciudad. Los documentos internos de
la OTAINSA mencionan explícitamente el Sector Norte
del Conjunto Histórico y Triana. Llama la atención
sobre 160 edificios que “presentan patologías
graves de deterioro de la edificación, unido a la actitud
de sus propietarios de no garantizar, en la mayor parte de
los edificios, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad
y ornato”.
Desde
la oficina se hace un correcto análisis de la problemática,
apuntando como causas a la existencia de rentas antiguas y
al mercado inmobiliario especulativo, y situando el inicio
del proceso de sustitución del población del
centro histórico en 1995.
OTAINSA
declara como objetivo el exigir a los propietarios de edificios,
donde habitan inquilinos en situaciones de difícil
habitabilidad, el cumplimiento del deber de conservación.
Esta actividad venía siendo realizada por la gerencia
de urbanismo, sin embargo la irrupción de OTAINSA introduce
la voluntad expresa de expropiar a los propietarios que reiteradamente
incumplan sus deberes y de tener un contacto más directo
con los inquilinos que soportan estas problemáticas.
El
objetivo sería así la rehabilitación
de las viviendas de origen y el realojo temporal, de carácter
gratuito para aquellos inquilinos con escasos recursos económicos,
mientras se realizan las obras. Para este fin, se han promovido
desde la gerencia varias iniciativas de viviendas de realojo
temporal de inquilinos. De esta forma en el 2005 se construyen
19 viviendas para este fin en el llamado Corral del Cura en
la calle Pagés del Corro, poco después se adquieren
15 viviendas públicas, ya construidas, en la Calle
San Bernardo 52. Así mismo se proyectan para el año
2007 la construcción de 13 viviendas en el Corral de
la Encarnación, en Pagés del Corro 126-128.
En
otra línea de actuación se proyectan para el
2007 cuarenta viviendas distribuidas por diferentes puntos
de la ciudad, a disposición de el colectivo de mayores
expulsados del centro de la ciudad “no atendiendo a criterios
de rentabilidad económica al uso, sino atendiendo a
criterios de rentabilidad social” para mayores de 65
años que hayan perdido la cualidad de inquilinos por
causas no imputables a ellos o habitar inmuebles de los denominados
infraviviendas y no tener ingresos superiores al IPREM. El
objetivo expreso de la oficina es contar con un parque de
viviendas de realojo públicas los suficientemente extenso,
que permita operar en las zonas que están sufriendo
estas tensiones y obligar a los propietarios a intervenir
sobre sus viviendas.
Los
datos obtenidos de las Actas de la Comisión Ejecutiva
de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla pueden arrojar luz
sobre el efecto real del cambio en las políticas públicas.
Respecto
de San Luis-Alameda, y de las declaraciones de ruina, desalojos
y demoliciones, entre el 2000 y el 2006 la tendencia es a
reducir su número. En el caso de las demoliciones en
los años 2000 y 2004 son en los que se realizó
un mayor número de ellas, con 16 demoliciones en cada
caso, mientras el dato más bajo es el del 2006 con
solo tres demoliciones. La serie empieza reduciendo el número
de demoliciones, con un breve repunte entre el 2003 y el 2004.
Esto coincide con la existencia de una tendencia a que aumente
la importancia de la rehabilitación de viviendas frente
a las demoliciones y nuevas plantas y que viene de la decada
de los noventa.
Las
declaraciones de ruina comienzan la serie con un dato elevado
en el 2000 con 13 declaraciones, cayendo en el 2001 para recuperarse
inmediatamente formando un pico en el 2002 con 14 declaraciones,
el dato más alto. El 2003 mantiene un numero elevado
para caer posteriormente en el 2004 hasta las 3 declaraciones
y prácticamente desaparecer en el 2005. En el caso
de las órdenes de desalojo se diferencian claramente
dos periodos. Desde el 2000 hasta el 2003, las oscilaciones
son elevadas entre 4 y 10 desalojos por año, con los
datos más elevados en el 2002. En un segundo periodo,
disminuye notablemente el número de desalojos por años
hasta el 2006 donde nos consta una única orden de desalojo
para San Luis-Alameda. Es notable el hecho de que los desalojos
describan una grafica muy similar a la de las declaraciones
de ruina.
Por
lo que se ha podido comprobar durante el examen de las actas
de la comisión ejecutiva de la gerencia de urbanismo,
tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, a partir de
Junio del 2003, empiezan a aparecer numerosas solicitudes
de declaración de ruina rechazadas. En los años
anteriores la mayor parte de las solicitudes de ruina se aceptan,
y solo ocasionalmente se rechazan indicando que lo que existe
es una mala conservación del edificio, que en ningún
caso esta en estado de ruina. A partir del año 2004,
las declaraciones de ruina prácticamente desaparecen,
a pesar de que siguen solicitándose, indicando que
existe una mala conservación y conminando al propietario
a ejecutar obras de conservación con distinto grado
de urgencia según el caso.
En
San Bernardo Aún partiendo de unos datos relativamente
elevados, el peso de la ruina y la demolición parece
muy reducido en el periodo que se ha trabajado. Los datos
elevados con los que comienza la serie para las declaraciones
de ruina y desalojos nos indican la existencia de un periodo
anterior, en el que la sustitución de la edificación
ha sido mucho mayor. En el 2001 se ordena el último
desalojo del que tenemos constancia en el barrio por parte
de la Gerencia de Urbanismo y en el 2002 se declara la última
edificación en ruina.
Lo
más reseñable para el ámbito de San Bernardo
son sin embargo las oscilaciones en cuanto a la ejecución
de obras subsidiarias. Desdeñables en toda la serie
excepto en el 2005, podrían justificarse por una mayor
actividad de la OTAINSA en base a la alarma social creada
por las ocupaciones realizadas ese año en San Bernardo
52. En el caso de que asumamos que esto no es una coincidencia
y que la mayor actividad de la administración en la
zona se debe a la acción de los vecinos, esto vendría
a sumarse al hecho de la transformación de las 10 viviendas
de VPO de San Bernardo 52 en viviendas de realojo y la adquisición
de cinco viviendas más, en principio de renta libre.
Así a la voluntad política de la administración
debemos sumarle la acción en primera persona de los
vecinos que empuja a la administración a actuar.
ALGUNAS
CONCLUSIONES
Respecto
de la actuación de la administración pública
parece evidente un cambio de actitud a partir del año
2003. Sin embargo, la única efectividad en la lucha
contra la gentrificación reside en las viviendas públicas
y en la expropiación. En este sentido las intervenciones
de vivienda pública en la zona son y siguen siendo
escasas y esto es debido al elevado precio del suelo en la
zona. Dado que la expropiación de suelo en estas zonas,
por el numero de plantas permitidas y por los elevados precios
de suelo, es mucho más cara y permite ejecutar muchas
menos viviendas que una iniciativa publica de vivienda en
otros sectores. Teniendo esto en cuenta, es evidente que es
necesaria una voluntad política y una comprensión
profunda del proceso, así como un cierta sensibilidad
hacia los ciudadanos afectados, para realizar una intervención
realmente efectiva en cuanto a frenar la expulsión
de la población y la segregación social.
Las
intervenciones de OTAINSA y su voluntad de forzar expropiaciones
parecen idóneas a la hora de intervenir en el proceso
desde un punto de vista asistencial. Tanto las viviendas de
realojo temporal como la mediación con la propiedad
y la creación de viviendas de realojo permanente parecen
medidas adecuadas que se han aplicado demasiado tarde. No
obstante los números de viviendas para realojo siguen
siendo pingues en comparación con las dimensiones reales
de la problemática.
Respecto
de la actividad de los dos movimientos vecinales examinados
extraemos dos conclusiones principales. La primera es que
en la mayoría de los casos no se aborda la problemática
general de la gentrificación, sino sus consecuencias
en casos concretos con lo que solo se consiguen soluciones
parciales y victorias puntuales. Planteando la problemática
de forma integral en los barrios se podría buscar estrategias
dirigidas a la solución de la problemática y
no a casos individuales. En este sentido ha supuesto un notable
avance la creación de la Liga de Inquilinos que parece
encaminarse por ese camino, pero también el camino
que parece estar tomando la experiencia de San Bernardo.
Por
otro lado, esta lucha, al estar directamente relacionada con
la cuestión de la propiedad del suelo encuentra una
herramienta clave en la ocupación del mismo. En todas
las experiencias comentadas los vecinos, ante la indefensión
frente a los propietarios, y la desidia de la administración,
tiene que enfrentarse directamente a los propietarios ocupando
o negándose a pagar alquileres. Dado que la ley esta
de parte de la propiedad y la administración y otros
agentes sociales apoyan este tipo de procesos por las plusvalías
que producen para la ciudad, los afectados no tienen más
remedio que desobedecer a la ley y enfrentarse a la administración.
Esto combinado con otros medios de carácter menos radical
como es la presión a los políticos, la visualización
en los medios de comunicación y la negociación
con la administración y con la propiedad cuando fuese
necesario.
En
cuanto al camino que podrían seguir estas luchas, cabe
la posibilidad de continuar por la vía abierta por
la experiencia de San Bernardo de los realojos reivindicativos,
es decir, ocupaciones masivas por parte de los vecinos. Desde
una perspectiva más legalista, el aumento de la concienciación
y de la comprensión de estos temas podría empujar
a los agentes implicados en la defensa de los vecinos tradicionales
solicitar figuras legales que protegieran a los habitantes
de estos barrios y ofrecieran soluciones integrales o la prevención
de futuros procesos de gentrificación. Ya empieza a
hablarse de algunas figuras que podrían ser factibles,
como la obligación de realizar “Estudios de Impacto
Social” ante la realización de planes de renovación
o rehabilitación de barriadas, o la creación
de figuras de realojo en el barrio propio, especificas para
vecinos afectados por este tipo de procesos.
BIBLIOGRAFÍA:
BARBER,
S. (Et all) (2006): El gran pollo de la Alameda. Una decena
de años de lucha social en el barrio de la Alameda,
Sevilla. Ed. Equipo Redactor, Sevilla, 2006.
CAPEL, H. (1983): Capitalismo y morfología urbana en
España, Barcelona, Ed. Amelia Romero.
DAVIS,
M. (2003): Ciudad de Cuarzo. Arqueología del futuro
de los Ángeles, Ed. Lengua de Trapo SL 2003, Toledo
DAVIS,
M. (2007): Ciudades muertas. Ecología, catástrofe
y revuelta, Ed Traficantes de Sueños, Madrid.
GARCIA
JAEN, M. J. (1998): Aplicaciones de la iniciativa comunitaria
Urban, Sevilla, Gerencia de Urbanismo.
GERENECIA
DE URBANISMO (1987): Plan General de Ordenación Urbana
1987. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.
GERENCIA
DE URBANISMO, (1995): El conjunto histórico de Sevilla.
Avance del Plan Especial de Protección, Sevilla, Sevilla,
Gerencia de Urbanismo.
HARVEY,
D. 2004: El nuevo imperialismo. Akal S.A. 2004, Madrid.
HARVEY,
D. 2007: Espacios del capital. Akal S.A. 2007, Madrid.
LEON
VELA, J. (2002): La Alameda de Hércules y el Centro
urbano de Sevilla: Historia de un reequilibrio del casco Antiguo,
Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones.
MARÍN
DE TERÁN, L. (1980): Sevilla, centro urbano y barriadas,
Sevilla, Servicio de publicaciones del ayuntamiento de Sevilla.
SMITH,
N. and WILLIAMS, P. (1988): Gentrification of the City. Boston,
Unwin Hyman.
SARGATAL
BATALLER, M. A. (2001): “Gentrificación e inmigración
en los centros históricos: El caso del barrio del Raval
en Barcelona” En Biblio 3W, revista bibliográfica
de Geografía y Ciencias sociales, Barcelona.
SARGATAL
BATALLER, M. A. (2000): “El estudio de la gentrificación”
En Biblio 3W, revista bibliográfica de Geografía
y Ciencias sociales, Barcelona.
VERA,
A. L., 1990: “San Bernardo, génesis y decadencia
demográfica de un barrio sevillano” Ed. Hesperides
Asociación de Profesores de Geografía e Historia
de Bachillerato de Andalucía. En Actas del VIII congreso
de profesores-investigadores, Baena.
VVAA,
2006: El cielo esta enladrillado. Entre el mobbing y la violencia
inmobiliaria y urbanística. Edicions Bellaterra, Barcelona.
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