Justicia y principios éticos 17-07-2008

El ordenamiento legal en el que debiera basarse la Justicia en un país democrático no coincide generalmente con unos principios éticos y morales universales. Es más, en muchos casos, la diferente interpretación de una ley, las posibilidades de defensa del presunto reo, el propio extracto social del que proviene, el momento social o político en que se juzgan unos hechos, su trascendencia en el cuerpo social, los intereses y convicciones propios del juez, etcétera... conducen a actuaciones o sentencias que despiertan el rechazo moral en sectores de la sociedad.

Estamos asistiendo con demasiada frecuencia a sentencias aberrantes, en casos de violencia de género y acoso laboral; a graves negligencias judiciales ante asesinos pederastas, a la desproporcionalidad entre el castigo por delitos comunes a personas de clase media y baja con respecto a otros de mayor cuantía y trascendencia social cometidos por élites del mundo de las finanzas o de la política institucional.

A todo ello viene a sumarse algo tan desacertado como la línea de actuación iniciada por la superestrella mediática de la judicatura, el juez Garzón, empecinado en aplicar el peso de ley a quienes han sido víctimas de la extorsión etarra, convirtiendo de esa perversa forma a las víctimas en victimarios o presuntos colaboradores de ETA.

Las sentencias judiciales se acatan, pero ello no obsta para que, desde una posición sustentada en otros criterios éticos, se pueda criticar y cuestionar, porque ni toda ley es justa ni todas sus aplicaciones coherentes. Es desde este posicionamiento desde donde no comparto la actuación del mencionado juez, al que nada se debe objetar con respecto a su obligación de indagar las posibles pistas que la acción policial vaya señalando.

Tras incautar documentación al etarra López Peña, dos empresarias vascas fueron interrogadas y encarceladas por el juez Garzón, acusadas de pagar 6.000 euros a la organización terrorista de ‘forma voluntaria’. De nada sirvió que el padre de ambas mujeres, Andrés Bruño, propietario de una empresa de pescados, rechazara los cargos judiciales y denunciara sufrir extorsión continuada de ETA durante los últimos 28 años. Hace unas semanas, por orden nuevamente del juez, la Guardia Civil retuvo e interrogó durante varias horas a José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, el principal fabricante español de aceros especiales, registrando su casa y despacho laboral. De momento ha quedado en libertad, pero veremos en qué finaliza la historia. El nombre de este empresario figuraba en la documentación intervenida al dirigente etarra Javier López Peña, Thierry, detenido en el operativo del 21 de mayo en Burdeos.

La pregunta más inmediata que uno puede formularse, mas allá de que la ley indique que un ciudadano no debe plegarse al chantaje, es: ¿Es superior el mandato legal a la necesidad personal de garantizar la seguridad para sí y para el entorno familiar? ¿Qué haría usted amigo lector? Porque lo que es real y constatado en los hechos es que la extorsión etarra va más allá de la destrucción de las propiedades, fabriles o domiciliarias, para alcanzar a destruir la vida del extorsionado o de sus familiares. ¿Miedo? Todo el del mundo, ante unas amenazas directas y pausibles. ¿Colaboración con banda armada por pagar un chantaje? No, desde mi óptica, aunque ese fondo sirva para posteriores actos delictivos. Es pura superviviencia ante una amenaza real y ante la insuficiencia del Estado en garantizar la seguridad física de todos los extorsionados. ¿Debe pagar con prisión un ciudadano ante unos hechos en los que parte de la responsabilidad habría que achacarla al propio Estado? Otra pregunta no menos importante desde el punto de vista ético y moral: ¿Hay extorsionados y secuestrados de primera y segunda? Porque es público que para rescatar a nuestros pescadores secuestrados en aguas somalíes, Gobierno y armador pagaron un fuerte rescate. Finalmente, aunque les desvele un hecho bien guardado por los gobiernos de este país: el que fuera ministro de Interior, señor Rosón, pasó la frontera con maletín repleto de contante metálico para liberar a un alto militar español secuestrado por ETA. No me plugue callarme ante esta discriminación judicial que convierte en criminales a las víctimas o al menos pone su honradez en entredicho.