Carlota Rodríguez: "El acoso laboral no es una
enfermedad, es un delito"
La presidenta de la Asociación Canaria contra el Mobbing
cree que se legisla poco en acoso
Carlota Rodríguez Montero es la presidenta de la
Asociación Canaria contra el Mobbing (Ascamo)
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Ascamo desarrolla una labor orientativa y preventiva
La asociación no es la uvi de las víctimas,
nuestra labor es la de concienciar y prevenir",
afirma Carlota Rodríguez. "En Europa uno de cada
tres trabajadores desconoce sus derechos
y uno de cada 20 sufre acoso, es algo que no va a menos. En
2005 hubo 400 suicidios en España y se estima que una
de cada cinco tenía detrás el acoso laboral.
En Canarias la escasas cifras que hay es que entre el 14 y
el 17 % de los trabajadores sufre acoso laboral", afirma.
Las opciones a las que se enfrenta un trabajador que sufre
acoso son las de irse o quedarse. La presidenta deAscamo se
queja de la poca ayuda que ofrecen organismos como los sindicatos
que "suelen decirles a los trabajadores que cedan y se
vayan. Nosotros no orientamos al trabajador en ningún
sentido, le damos información y dejamos que él
decida, tan válida es una opción como otra".
Ascamo cuenta en la actualidad con 80 socios y como explica
su presidenta la mayoría de casos son "son gente
joven que prefiere dejar el trabajo porque que figure en su
currículo una demanda por acoso creen que les va a
cerrar las puertas para otros trabajos y luego están
los que superan los 40 años, que se quedan hasta que
se rompen o consiguen la invalidez". Carlota Rodríguez
afirma que "hay víctimas que incluso fallecen
por culpa del mobbing". También señala
que "las mujeres son las que
más sufren el acoso y desgraciadamente por las propias
mujeres. Cuando una mujer llega a un puesto de responsabilidad
se masculiniza y mientras ve el ascenso de un hombre como
algo natural, el de una mujer es una rival contra la que luchar"
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Desde el año 2001 el Parlamento Europeo instó
a los gobiernos de los distintos países miembros a
desarrollar una legislación que protegiera a los trabajadores
que sufrían acoso laboral o también conocido
como mobbing. En ese momento 22 millones de europeos afirmaban
sufrir acoso en su lugar de trabajo. Sin embargo, son pocos
los países que han legislado en ese sentido lo que
implica que sigue habiendo un vacío legal en torno
a estas conductas que provocan un total de 90.000 euros-bajas
o incapacidades al año en España. En Canarias
se estima que uno de cada seis trabajadores está acosado.
Carlota Rodríguez es la presidenta de la Asociación
Canaria contra el Mobbing (Ascamo) y según explica
"en los Juzgados hay una rigidez extrema ante los casos
de acoso laboral, los jueces tiemblan ante el mobbing porque
desgraciadamente sigue siendo muy difícil de demostrar".
La presidenta de Ascamo se muestra esperanzada ante los cambios
que la recientemente aprobada Ley de Igualdad introducirá
en las empresas ya que "vendrá a ayudarnos porque
en su artículo 48 obliga a implementar protocolos para
que haya igualdad entre los trabajadores".
"Además,
añade, a esto hay que unir que hasta el momento era
el trabajador quien tenía que
demostrar que estaba sufriendo acoso y ahora es la empresa
quien debe demostrar que no se está acosando, es ella
quien tiene que obtener la carga de las pruebas. Para el trabajador
comprobar el acoso era prácticmente imposible, los
compañeros miran a otro lado y otros simplemente no
se atreven por miedo a las represalias, no pueden arriesgar
su trabajo".
La presidenta de Ascamo afirma que cada vez son más
los casos de mobbing que se ganan en los juzgados pero también
reconoce que más de las mitad de las sentencias que
se ganan pertenecen al ámbito de la empresa privada,
frente al 30% de la pública. Esta diferencia se debe
a que "el objetivo del acoso es echar a la persona del
trabajo y en el caso de los funcionarios eso no pasa, porque
no pueden echarlo". También afirma que "la
rigidez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el
caso de los funcionarios paraliza los casos".
Tanto en el caso de las Administración Pública
como en el de las empresas privadas, ante una denuncia por
acoso laboral, éstas siempre lo niegan y evidentemente
es la palabra del trabajador contra la de la empresa y ahí
comienza un proceso largo y agotador".
Sin embargo, admite la presidenta de Ascamo que "también
es cierto que como en todos lados hay desaprensivos que van
buscando aprovecharse de la situación, entre otras
cosas porque si se consigue una sentencia favorable al trabajador,
éste tiene que ser indemnizado doblemente, por despido
y por sufrimiento moral. En estos casos nosotros pedimos la
misma vara de medir que para los acosadores, si se denuncia
en falso, a la calle, y eso se puede demostrar porque existen
peritos forenses que pueden saber si existe acoso o no".
Carlota Rodríguez se muestra esperanzada con la reciente
firma de un documento por parte
de la Asociación de Empresarios Europeos, y al que
recientemente se ha adherido la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que se recoge
como debe actuar la empresa ante una situación de acoso
laboral. Aunque el documento no es vinculante "se puntualizaque
el acosador se va a la calle y para nosotros es una satisfacción
que los empresarios españolesse hayan sumado a ese
documento".
El acuerdo establece un tiempo de tres años aproximadamente
para implementar medidas que formen al personal para combatir
el acoso. Además recoge la creación de la figura
de un mediador dentro de la empresa que se encargue de resolver
los conflictos.
En este punto Ascamo discrepa en que sea una persona de la
propia empresa la que se encarguede la mediación y
propone que sea un organismo externo el que ejerza esa mediación
"nosotros creemos que esa persona debe estar fuera de
la empresa porque surgen problemas de confiabilidad. Además
una figura externa también podría ayudar a otro
tipo de trabajadores como los autónomos, que también
pueden sufrir mobbing por parte de un cliente si éste
controla el 75% de su facturación. El mobbing es un
riesgo laboral como otro cualquiera y por tanto es la Dirección
General de Trabajo quien tiene que actuar, no es una enfermedad,
es un delito".
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domingo 15 de julio de 2007 /diariodeavisos.es/ Sociedad
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