EL ACOSO LABORAL NO ES UNA ENFERMEDAD ES UN DELITO

sergio méndez



Carlota Rodríguez: "El acoso laboral no es una enfermedad, es un delito"
La presidenta de la Asociación Canaria contra el Mobbing cree que se legisla poco en acoso


Carlota Rodríguez Montero es la presidenta de la Asociación Canaria contra el Mobbing (Ascamo)



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Ascamo desarrolla una labor orientativa y preventiva
La asociación no es la uvi de las víctimas, nuestra labor es la de concienciar y prevenir",
afirma Carlota Rodríguez. "En Europa uno de cada tres trabajadores desconoce sus derechos
y uno de cada 20 sufre acoso, es algo que no va a menos. En 2005 hubo 400 suicidios en España y se estima que una de cada cinco tenía detrás el acoso laboral. En Canarias la escasas cifras que hay es que entre el 14 y el 17 % de los trabajadores sufre acoso laboral", afirma. Las opciones a las que se enfrenta un trabajador que sufre acoso son las de irse o quedarse. La presidenta deAscamo se queja de la poca ayuda que ofrecen organismos como los sindicatos que "suelen decirles a los trabajadores que cedan y se vayan. Nosotros no orientamos al trabajador en ningún sentido, le damos información y dejamos que él decida, tan válida es una opción como otra". Ascamo cuenta en la actualidad con 80 socios y como explica su presidenta la mayoría de casos son "son gente joven que prefiere dejar el trabajo porque que figure en su currículo una demanda por acoso creen que les va a cerrar las puertas para otros trabajos y luego están los que superan los 40 años, que se quedan hasta que se rompen o consiguen la invalidez". Carlota Rodríguez afirma que "hay víctimas que incluso fallecen por culpa del mobbing". También señala que "las mujeres son las que
más sufren el acoso y desgraciadamente por las propias mujeres. Cuando una mujer llega a un puesto de responsabilidad se masculiniza y mientras ve el ascenso de un hombre como algo natural, el de una mujer es una rival contra la que luchar"


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Desde el año 2001 el Parlamento Europeo instó a los gobiernos de los distintos países miembros a desarrollar una legislación que protegiera a los trabajadores que sufrían acoso laboral o también conocido como mobbing. En ese momento 22 millones de europeos afirmaban sufrir acoso en su lugar de trabajo. Sin embargo, son pocos los países que han legislado en ese sentido lo que implica que sigue habiendo un vacío legal en torno a estas conductas que provocan un total de 90.000 euros-bajas o incapacidades al año en España. En Canarias se estima que uno de cada seis trabajadores está acosado.

Carlota Rodríguez es la presidenta de la Asociación Canaria contra el Mobbing (Ascamo) y según explica "en los Juzgados hay una rigidez extrema ante los casos de acoso laboral, los jueces tiemblan ante el mobbing porque desgraciadamente sigue siendo muy difícil de demostrar".

La presidenta de Ascamo se muestra esperanzada ante los cambios que la recientemente aprobada Ley de Igualdad introducirá en las empresas ya que "vendrá a ayudarnos porque en su artículo 48 obliga a implementar protocolos para que haya igualdad entre los trabajadores".

"Además, añade, a esto hay que unir que hasta el momento era el trabajador quien tenía que
demostrar que estaba sufriendo acoso y ahora es la empresa quien debe demostrar que no se está acosando, es ella quien tiene que obtener la carga de las pruebas. Para el trabajador comprobar el acoso era prácticmente imposible, los compañeros miran a otro lado y otros simplemente no se atreven por miedo a las represalias, no pueden arriesgar su trabajo".

La presidenta de Ascamo afirma que cada vez son más los casos de mobbing que se ganan en los juzgados pero también reconoce que más de las mitad de las sentencias que se ganan pertenecen al ámbito de la empresa privada, frente al 30% de la pública. Esta diferencia se debe a que "el objetivo del acoso es echar a la persona del trabajo y en el caso de los funcionarios eso no pasa, porque no pueden echarlo". También afirma que "la rigidez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el caso de los funcionarios paraliza los casos".

Tanto en el caso de las Administración Pública como en el de las empresas privadas, ante una denuncia por acoso laboral, éstas siempre lo niegan y evidentemente es la palabra del trabajador contra la de la empresa y ahí comienza un proceso largo y agotador".

Sin embargo, admite la presidenta de Ascamo que "también es cierto que como en todos lados hay desaprensivos que van buscando aprovecharse de la situación, entre otras cosas porque si se consigue una sentencia favorable al trabajador, éste tiene que ser indemnizado doblemente, por despido y por sufrimiento moral. En estos casos nosotros pedimos la misma vara de medir que para los acosadores, si se denuncia en falso, a la calle, y eso se puede demostrar porque existen peritos forenses que pueden saber si existe acoso o no".

Carlota Rodríguez se muestra esperanzada con la reciente firma de un documento por parte
de la Asociación de Empresarios Europeos, y al que recientemente se ha adherido la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que se recoge como debe actuar la empresa ante una situación de acoso laboral. Aunque el documento no es vinculante "se puntualizaque el acosador se va a la calle y para nosotros es una satisfacción que los empresarios españolesse hayan sumado a ese documento".

El acuerdo establece un tiempo de tres años aproximadamente para implementar medidas que formen al personal para combatir el acoso. Además recoge la creación de la figura de un mediador dentro de la empresa que se encargue de resolver los conflictos.

En este punto Ascamo discrepa en que sea una persona de la propia empresa la que se encarguede la mediación y propone que sea un organismo externo el que ejerza esa mediación "nosotros creemos que esa persona debe estar fuera de la empresa porque surgen problemas de confiabilidad. Además una figura externa también podría ayudar a otro tipo de trabajadores como los autónomos, que también pueden sufrir mobbing por parte de un cliente si éste controla el 75% de su facturación. El mobbing es un riesgo laboral como otro cualquiera y por tanto es la Dirección General de Trabajo quien tiene que actuar, no es una enfermedad, es un delito".


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domingo 15 de julio de 2007 /diariodeavisos.es/ Sociedad

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